El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la obligatoriedad del examen toxicológico para todos los funcionarios públicos de la provincia.
La medida, anunciada por la vocera del Gobierno, Paula Benavides, marca un punto de inflexión en la política salteña.
Busca reforzar la transparencia y la idoneidad en el ejercicio de los cargos.
Durante la conferencia realizada en el Centro Cívico Grand Bourg, Benavides destacó que el decreto reafirma el compromiso del Gobierno provincial con una gestión basada en la integridad moral y física de quienes ocupan cargos públicos.
“No alcanza con la capacidad técnica para gobernar, se requiere una aptitud moral e integridad física y psíquica irreprochables”, señaló.
El DNU alcanza a todos los poderes del Estado sin excepciones. En el Ejecutivo incluye al Gobernador, Vicegobernador, ministros y secretarios; en el Legislativo, a diputados y senadores; en el Judicial y el Ministerio Público, a jueces, fiscales y ministros de la Corte; y en el ámbito municipal, a intendentes y concejales.
También será obligatorio para quienes aspiren a ingresar al Estado provincial.
Los controles se realizarán de manera aleatoria/sorpresiva en los lugares de trabajo y estarán orientados a detectar sustancias como cocaína, cannabinoides, opioides y anfetaminas.
Se garantiza el respeto por la privacidad, el debido proceso y la posibilidad de contrapruebas en laboratorios habilitados.
La negativa injustificada a realizar el examen será considerada automáticamente como un resultado positivo, lo que derivará en la remoción del cargo o juicio político.
Para aspirantes, un resultado positivo impedirá su incorporación en áreas clave como seguridad, salud y educación.
