La Justicia argentina confirmó que 111 muertes fueron provocadas por la administración de fentanilo contaminado, en lo que se considera una de las tragedias sanitarias más graves del país.
El juez federal Ernesto Kreplak cerró la etapa de rastreo del medicamento y envió al Cuerpo Médico Forense un total de 159 casos (111 fallecimientos y 48 infecciones) para su análisis durante febrero.
En septiembre pasado se habían contabilizado 124 muertes, pero tras profundizar la investigación en enero se descartaron algunos casos que no pudieron acreditarse.
El fentanilo fue producido por las firmas argentinas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, clausurados entre febrero y mayo de 2025 por incumplir requisitos de seguridad.
En las ampollas cerradas se hallaron dos bacterias multiresistentes, las mismas que luego se detectaron en los pacientes fallecidos.
Este potente opiáceo sintético, utilizado como analgésico y anestésico, fue administrado en al menos 20 centros médicos de distintas provincias.
Procesados y responsabilidades
El dueño de los laboratorios, Ariel García Furfaro, fue procesado en septiembre por “adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas”.
La resolución incluyó su prisión preventiva, inhibición patrimonial y un embargo de un billón de pesos (743 millones de dólares).
En total, son 17 los procesados, entre ellos su hermano Diego Hernán García, su madre Nilda Furfaro y varios empleados de las firmas involucradas.
Tras el análisis del Cuerpo Médico Forense, la Justicia avanzará con nuevas declaraciones indagatorias y actualizará las imputaciones al número total de muertes confirmadas.
La causa también investiga el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Se estudia si el organismo actuó de manera correcta en sus funciones de control y fiscalización.
