El Gobierno nacional publicó el Decreto 84/2026 en el Boletín Oficial, que reglamenta la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
La medida se adoptó luego de un fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que ordenó su entrada en vigencia inmediata tras declarar inválido un decreto anterior que había suspendido su aplicación por falta de financiamiento.
La ley había sido sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, pero el presidente Javier Milei intentó vetarla argumentando que no existían fondos para cubrir las nuevas prestaciones.
La Cámara de Diputados insistió en su promulgación, que finalmente se concretó pese a la resistencia del Ejecutivo.
Sin embargo, el Gobierno había suspendido su aplicación hasta que se definiera la fuente de financiamiento.
¿Qué cambia a partir de ahora?
La intervención judicial obligó a reglamentar la norma y poner en marcha el nuevo régimen de pensiones. El Decreto 84/2026 establece:
- Criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones.
- Condiciones de permanencia y compatibilidad con otros beneficios.
- Procedimientos administrativos y mecanismos de control.
- La conversión automática de las pensiones no contributivas previas en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
Además, incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política en esa cartera.
La Secretaría Nacional de Discapacidad, encabezada por Alejandro Vilches, deberá convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días.
También tendrá la facultad de dictar normas aclaratorias y complementarias para la implementación.
Las medidas adicionales se aplicarán mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La norma entró en vigencia el 3 de febrero de 2026 y su aplicación será monitoreada por organismos nacionales y provinciales en coordinación con el Consejo Federal de Discapacidad.
