China anunció la pena de muerte en casos graves de abuso sexual infantil

El Tribunal Supremo Popular de China emitió una directiva que endurece de manera drástica las sanciones contra el abuso sexual infantil, calificándolo como un delito de “extrema vileza”.

Estableció que, en los casos más graves, los responsables podrán ser condenados a la pena de muerte sin posibilidad de reducción de condena.

La medida, anunciada en febrero de 2026, se enmarca en la política de tolerancia cero frente a los crímenes cometidos contra menores.

Además, busca enviar un mensaje de disuasión absoluta en un país que ha intensificado sus leyes de protección a la infancia en los últimos años.

Según el comunicado oficial, la integridad física y psicológica de los niños es considerada un valor supremo.

Por lo tanto, quienes vulneren este principio perderán de manera definitiva la libertad o la vida, dependiendo de la gravedad del caso.

El endurecimiento responde a un contexto en el que las autoridades chinas han detectado un incremento de delitos sexuales.

La mayoría, cometidos a través de plataformas digitales y redes sociales, donde los agresores aprovechan para engañar a las víctimas.

Antecedentes

En 2023, el Tribunal Supremo ya había emitido lineamientos contra los delitos sexuales en línea, pero la nueva directiva amplía el alcance.

China ya había aplicado la pena de muerte en delitos de este tipo: en mayo de 2025, tres personas fueron ejecutadas tras ser halladas culpables de agresiones contra menores, lo que reflejó la disposición del Estado a utilizar la sanción máxima como elemento disuasorio.

Con esta nueva orden, el Tribunal Supremo busca consolidar la política y dejar claro que la protección de los niños es una prioridad nacional.

Algunos sectores consideran que la pena de muerte es una medida extrema que no garantiza la erradicación del delito.

El gobierno chino sostiene que es un mecanismo indispensable para salvaguardar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En el plano interno, la medida refuerza la narrativa oficial de que la seguridad y el bienestar de los menores son valores irrenunciables.



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