El Gobierno nacional abrió una cuenta en X bajo el nombre Oficina de Respuesta Oficial, destinada a “desmentir noticias falsas” y responder a lo que considera operaciones mediáticas y opositoras.
La iniciativa, presentada el 5 de febrero, generó un fuerte rechazo por su tono confrontativo y las implicancias que tiene en la prensa.
El primer comunicado de la Oficina definió su misión como “combatir la desinformación brindando más información” y aclaró que “el derecho a la libertad de expresión es sagrado”.
El texto sostuvo que, tras el fin de la pauta oficial, las críticas se volvieron “más ruidosas” y que era necesario “desmentir con claridad y sin rodeos”.
El mensaje concluyó: “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”
El presidente Javier Milei reposteó el comunicado con la frase: “PARA DESENMASCARAR MENTIRAS Y OPERACIONES DE LOS MEDIOS. Fin.”
Por su parte, el asesor Santiago Caputo celebró la iniciativa: “Ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja.”
La medida fue cuestionada por organizaciones como FOPEA, que advirtieron que se suma a un patrón de hostigamiento hacia el periodismo.
También recordaron la falta de conferencias de prensa y el retroceso en el acceso a la información pública.
Dirigentes opositores compararon la iniciativa con mecanismos de propaganda oficialista del pasado y citaron incluso el clásico “1984” de George Orwell, aludiendo a un “Gran Hermano” estatal.
Desde antes de asumir, Milei ha mantenido una relación conflictiva con los medios, marcada por insultos, descalificaciones en redes y apariciones públicas.
Ha calificado a periodistas como “mentirosos”, “corruptos” o “extorsivos”, y en varias ocasiones afirmó que forman parte de la “casta”.
Este discurso se inscribe en una estrategia compartida por otras derechas contemporáneas, que reducen el rol de la prensa.
La creación de la Oficina de Respuesta Oficial reaviva la discusión sobre el papel del periodismo en la democracia argentina.
La medida refleja un patrón internacional en el que gobiernos de derecha cuestionan la legitimidad de los medios críticos.
Mientras, el oficialismo insiste en que se trata de un mecanismo para “exponer mentiras” y no de censura.
