El Gobierno nacional dispuso que los empleados públicos mayores de 65 años solo podrán renovar sus contratos por un plazo máximo de seis meses.
Esto, en la práctica los obliga a iniciar el trámite jubilatorio.
Aquellos que no cuenten con los 30 años de aportes requeridos por la ANSES deberán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, calificó la medida como “cruel e inhumana”.
Denunció que “presiona a los trabajadores para que elijan entre una PUAM o la calle”.
Según el dirigente, la decisión condena a miles de empleados a quedarse sin trabajo, sin obra social y sin la posibilidad de jubilarse en el régimen contributivo.
Aguiar recordó que la jubilación mínima se ubica en $419.299,32, mientras que la PUAM representa $279.443, cifra que con el bono de $70.000 alcanza los $349.439,46.
“El Gobierno presiona a trabajadores con 29 años de aportes para que elijan entre una pensión recortada o el desempleo”, advirtió.
La resolución fue comunicada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, bajo el título “Renovaciones contractuales”.
Allí se establece que toda solicitud de renovación deberá incluir la constancia de intimación a jubilarse.
Además, la extensión será autorizada por un plazo máximo de seis meses.
Desde ATE señalaron que la medida no contempla excepciones por razones de criticidad.
Ocurre en organismos con dotaciones mínimas o en casos de técnicos especializados cuya continuidad resulta indispensable.
La decisión se suma a la eliminación de la moratoria previsional y a la reducción del 25% en los haberes.
Para los gremios, se trata de una “nueva ola de despidos” que vulnera el derecho constitucional a la previsión social.
