El Gobierno reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre, y puso en marcha un nuevo esquema tributario que busca incentivar el ingreso al circuito formal de los ahorros no declarados, incluidos los llamados “dólares del colchón”.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 93/2026 publicado en el Boletín Oficial, que activó el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
A su vez, redefinió los criterios de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
A partir de ahora, la ARCA solo podrá controlar ingresos declarados y deducciones admitidas.
Se deja afuera la variación patrimonial, consumos personales y depósitos bancarios.
Se establece además un “tapón fiscal” que clausura la revisión administrativa y penal de períodos anteriores, siempre que el contribuyente cumpla con la presentación, pago en tiempo y forma.
El régimen es voluntario y alcanza a personas humanas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones.
Los grandes contribuyentes quedan excluidos. Los fondos no declarados deberán ingresar al sistema financiero, aunque se mantiene la excepción para la compra de inmuebles en efectivo.
También se elevaron los umbrales de información bancaria. Operaciones de hasta $10 millones mensuales no generarán reportes automáticos.
La normativa actualiza multas, con incrementos de hasta 100.000%, pero introduce un sistema de recordatorio previo antes de la intimación formal.
Habilita reducciones para pymes y contribuyentes que regularicen en plazo.
En materia penal, se elevaron los umbrales de punibilidad, La evasión simple pasó a $100 millones y la agravada a $1.000 millones.
Además, se redujo de cinco a tres años el plazo de prescripción para contribuyentes cumplidores y se habilitó un mecanismo de regularización voluntaria que extingue la acción penal mediante el pago del capital, intereses y una multa adicional.
