La decisión del Juzgado Correccional Nº 1 de declarar extinguida por prescripción una causa penal contra Pablo Víctor Cuchán y ordenarle la inmediata libertad ha generado un fuerte rechazo en distintos sectores de la sociedad y reabre el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial en nuestra ciudad.
Cuchán había sido condenado en febrero de 2024 a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas, en hechos ocurridos contra su ex pareja, y la pena había sido confirmada por la Cámara de Apelaciones en julio de 2025.
Sin embargo, este lunes la Justicia decidió declarar extinguida la acción penal por prescripción y sobreseer al imputado, argumentando que el plazo legal ya había vencido desde la sentencia original, pese a que la sentencia no se encuentra firme aun por recursos pendientes ante la Suprema Corte de Justicia provincial.
¿Por qué preocupa esta decisión?
La controversia se centra en el hecho de que Cuchán no es un imputado cualquiera: su historial incluye una condena mucho más grave por un femicidio ocurrido hace años, por el que estuvo preso durante largos años antes de recuperar la libertad.
Críticos de la decisión judicial sostienen que este tipo de interpretaciones sobre la prescripción de causas crea un precedente peligroso e injusto, donde personas que ya han sido declaradas culpables por hechos de violencia quedan libres simplemente por cuestiones formales del proceso.
Organizaciones sociales y voces de familiares de víctimas advierten que la Justicia parece brindar mayores beneficios a quienes ya han demostrado capacidad de daño, dejando de lado la memoria de las víctimas y el mensaje que se envía a la sociedad. La preocupación no es menor en un contexto donde se exige mayor rigor frente a la violencia de género y los delitos con impacto comunitario.
Un fallo que reaviva la desconfianza
La oposición a esta resolución no se limita a opiniones aisladas. Diversos sectores señalan que decisiones como esta atentan contra la percepción pública de que la Justicia actúa con firmeza y coherencia, especialmente en delitos con impacto social relevante.
En un país donde se debate constantemente la necesidad de reformas judiciales y mayor eficacia en la aplicación de la ley, decisiones como esta provocan indignación, desconcierto y una sensación de impunidad, lo cual erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar justicia.
Mientras tanto, la causa original continúa su recorrido ante instancias superiores, pero lo cierto es que la libertad de un condenado vuelve a encender la alarma sobre cómo se interpretan las normas procesales y cómo eso termina afectando la seguridad y la percepción de justicia en la comunidad.
