El Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 253/2026, la autorización para que nueve provincias gestionen tramos de rutas nacionales bajo el sistema de obra pública por peaje.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un esquema de delegación “funcional, limitada, temporal y revocable”, sin transferir la titularidad ni la jurisdicción federal, que seguirán en manos del Estado.
Las jurisdicciones habilitadas son Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.
Cada distrito podrá administrar, mantener, reparar o ampliar los tramos viales concesionados, siempre bajo supervisión nacional.
Condiciones de la normativa
Los fondos recaudados por peajes solo podrán destinarse a los tramos concesionados.
No podrán integrarse en licitaciones conjuntas con rutas de otras jurisdicciones.
Las concesiones tendrán un tope máximo de 30 años.
Las provincias tendrán un año para llamar a licitación desde la firma de los convenios con la Dirección Nacional de Vialidad; de no hacerlo, la delegación quedará sin efecto.
Implementación
Cada convenio deberá ser aprobado por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, y establecerá tramos, plazos, mecanismos de control y auditoría.
En caso de que una concesión se extinga, el Estado nacional retomará la gestión del tramo.
La medida se apoya en la Ley 17.520, el Decreto-Ley 505/58 y la Ley 27.742, que orienta la reorganización del Estado y la descentralización de funciones.
