La administración de Javier Milei cerró un acuerdo con el empresario británico Joe Lewis y la sociedad Hidden Lake SA.
Pusieron fin a la acción de lesividad que el propio Estado había iniciado en 2023 contra la compra fraudulenta de 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera.
Allí se ubica la mansión de Lago Escondido.
El convenio conciliatorio fue presentado el 15 de enero de 2026 y homologado durante la feria judicial por el juez Walter Lara Correa.
Esto clausuró el litigio que buscaba anular la operación realizada en 1996 mediante empresas cáscara y testaferros.
El expediente, que hasta diciembre era público, dejó de estar disponible en el sistema judicial, lo que alimentó las críticas por la falta de transparencia.
La maniobra original permitió a Lewis adquirir tierras en una zona prohibida para extranjeros, inscribiendo la propiedad a nombre de Hidden Lake SA, cuyos accionistas incluían a su hijo Charles Lewis.
El caso había sido documentado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Procuración del Tesoro.
Ya en 2016 impulsaron acciones contra Lewis y funcionarios de Río Negro.
En 2023, el Ministerio del Interior retomó la ofensiva con la acción de lesividad, pero la gestión Milei decidió cerrar el litigio.
El acuerdo se da en un contexto en el que el Gobierno busca modificar la ley que limita la extranjerización de tierras.
Mientras, sectores judiciales y políticos denuncian que se consolida un esquema de poder y lobby en torno a Lago Escondido.
En paralelo, sigue vigente otra causa en la Corte Suprema, impulsada por la ex senadora Magdalena Odarda, que reclama la apertura de un camino público de acceso al lago.
