El Juzgado Federal de Campana dictó una medida cautelar que obliga al Gobierno Nacional a restablecer el pago del programa «Volver al Trabajo» (ex Potenciar Trabajo) a casi un millón de beneficiarios en todo el país. La decisión frenó la eliminación del beneficio que en La Rioja alcanza a unos 12.000 titulares, con un impacto estimado de 1.000 millones de pesos mensuales en la economía popular.
Desde la UTEP La Rioja, Arnold Díaz destacó que el programa funciona como un “salario social complementario” de $78.000, fundamental para familias que dependen de ese ingreso para cubrir servicios básicos o sostener pequeños emprendimientos.
La respuesta oficial llegó de inmediato: el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, anunció que apelará el fallo y calificó la medida como un golpe al presupuesto. En paralelo, comunicó la suspensión de dos políticas educativas clave: los vouchers de capacitación laboral y la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables.
El escenario abre una fuerte disputa política y social. Mientras la Justicia ordena mantener el beneficio, el Ejecutivo insiste en que el programa ya cumplió su plazo de vigencia y busca reemplazarlo por nuevas herramientas. La UTEP confirmó que continuará con su plan de lucha y convocó a una movilización nacional para el 7 de mayo, en reclamo por la continuidad del ingreso.
La pulseada ahora se traslada a los tribunales de alzada, mientras miles de familias esperan definiciones sobre el cobro de los haberes de mayo.
