El conflicto en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se profundizó en los últimos días con denuncias de vaciamiento, la baja de más de 900 servicios técnicos y un plan de despidos que, según gremios, podría superar los mil trabajadores. La reestructuración impulsada por el Gobierno en el marco del ajuste estatal afecta áreas sensibles como alimentos, materiales y control industrial, y generó protestas.
En este contexto, la industria de la miel aparece como caso testigo. Hasta 2018, el sector enfrentaba rechazos frecuentes en aduana por contaminación de tambores y ausencia de normativa clara. La situación se estabilizó gracias al trabajo conjunto del INTI y el SENASA, que implementaron un sistema de certificación para envases y lograron reducir los rechazos en mercados exigentes como la Unión Europea.
Ese esquema quedó en suspenso: el Gobierno dio de baja los servicios del INTI y trasladó las certificaciones al Organismo Argentino de Acreditación (OAA), una entidad privada. Las empresas advierten que el cambio implica mayores costos y genera incertidumbre sobre la capacidad técnica para sostener estándares internacionales.
Argentina es el cuarto exportador mundial de miel, con más de 78 mil toneladas exportadas en 2024, y concentra casi el 90% de sus ventas en Estados Unidos, Alemania y España. La actividad involucra a unos 22 mil apicultores y tiene fuerte presencia en provincias como Entre Ríos y Santa Fe, donde la cadena productiva genera empleo y divisas en economías regionales.
En el sector temen que el desarme del sistema de control reabra conflictos con los mercados internacionales y ponga en riesgo una economía regional clave.
