La defensa de Cristina Fernández de Kirchner formalizó este martes una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, para que se revise la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad. El objetivo es que se suspenda la sanción que le impide ser candidata en 2027.
Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim (Brasil) y Javier Borrego (España) aportaron nuevas pruebas que, según sostienen, demuestran violaciones a garantías fundamentales. Entre ellas, un informe técnico que indica que el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió apenas el 0,85% de los fondos del fideicomiso de Vialidad, mientras que la principal beneficiaria habría sido IECSA S.A., vinculada a Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
La Corte Suprema argentina ya había rechazado el recurso extraordinario de la defensa y confirmado la sentencia del Tribunal Oral Federal 2. Ahora, la estrategia apunta a que el Comité internacional analice el caso en su sesión de octubre.
Si bien las resoluciones del Comité no son vinculantes, sus pronunciamientos pueden tener impacto político e institucional. La defensa confía en que el análisis internacional obligue al Poder Judicial argentino a revisar la condena y la inhabilitación.
