La decisión del ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, de prohibir el uso de gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones provocó el rechazo de los sindicatos policiales.
La medida se tomó después de las cargas policiales y del uso de gases contra manifestantes durante la huelga general del 11 de noviembre, que generaron denuncias y reclamos de dimisión contra el ministro.
Desde el Ministerio confirmaron la apertura de una investigación interna por los operativos y ordenaron que, en adelante, no se utilice gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestantes.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) cuestionó la decisión y sostuvo que deja a los agentes “vendidos e indefensos”. También rechazó que se investiguen posibles abusos policiales, aunque afirmó que no se opone a que se examinen eventuales irregularidades.
El Sindicato Profesional de Policía (SPP) y Jupol se sumaron a las críticas. Este último exigió la dimisión de Marlaska y defendió el uso de gases como herramienta para intervenir a distancia frente a situaciones de violencia.
Durante la huelga general hubo intervenciones policiales con personas heridas y detenidas. Los operativos quedaron bajo cuestionamiento por la violencia ejercida contra manifestantes, mientras el Gobierno dispuso investigar lo ocurrido y limitar el uso de gases en futuras protestas.
