El gobernador creo el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas que está en las antípodas del RIGI de Milei – no podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones sea rifando nuestros recursos naturales y sin agregar valor a lo que tenemos. Nuestro proyecto es de desarrollo económico e industrial para acompañar a quienes inviertan y generen valor agregado, empleo de calidad y equidad territorial.
Objetivo
Promover inversiones que permitan crear empleo de calidad y generar más valor agregado; desarrollar proveedores locales y nuevos sectores productivos; facilitar la transferencia de tecnología y diversificar la matriz económica; impulsar las exportaciones y sustituir importaciones; y reducir desequilibrios territoriales.
Proyectos
Serán elegibles iniciativas para desarrollar nuevos procesos productivos, construir nuevas plantas o ampliar instalaciones en la industria manufacturera, sectores vinculados a servicios o de uso intensivo de recursos naturales, y proyectos considerados estratégicos.
Beneficios iniciales
Se otorgan exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos.
Según monto de inversión:
- Hasta US$50 millones: 30% de exención durante 5 años.
- Entre US$50 millones y US$200 millones: 25% de exención durante 4 años.
- Más de US$200 millones: 20% de exención durante 3 años.
Beneficios adicionales
Se pueden acumular en base al cumplimiento de determinadas condiciones:
- 10% de exención y 2 años más para proyectos que permitan la sustitución de importaciones o la innovación tecnológica; aumentar el empleo; o se localicen en zonas de bajos ingresos o parques industriales (excluyentes).
- 5% de exención y 1 año más si incrementan las exportaciones, adoptan políticas de género o sostenibilidad ambiental.
Estabilidad fiscal
Abarcará el periodo de los beneficios otorgados y podrá extenderse por un periodo de hasta 30 años si cumple determinadas finalidades del Régimen.
Régimen de desarrollo de proveedores
Las inversiones que superen los US$50 millones deberán presentar un programa que contemple, de forma incremental, que al menos el 50% de los pagos a proveedores deberán ser destinados a empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires.