La Cámara Federal de Bahía Blanca rechazó los planteos del empresario, investigado por lavado de dinero junto a su socio Gustavo Damiani.
Están acusados de operar una red de sociedades para blanquear fondos de origen presuntamente ilícito y de actuar como testaferros del líder sindical Hugo Moyano; además son sospechosos de liderar una estructura dedicada al blanqueo de fondos a través de más de 80 sociedades y 40 personas físicas, muchas de ellas familiares o allegados.
La decisión de los jueces Roberto Amabile y Pablo Larriera frena el intento de las defensas de cerrar la causa que tiene 10 años de antiguedad. Los empresarios habían argumentado que ya se habían acogido a un blanqueo fiscal, que la causa estaba prescripta y que se había vulnerado su derecho a ser juzgados en un plazo razonable. Sin embargo, la Cámara consideró que la gravedad de los hechos presuntamente cometidos y la complejidad de la investigación justifican la continuidad del proceso.
“No puede de momento imputarse una demora inaceptable a los órganos de persecución penal”, sostuvo el juez Amabile en el fallo de diez carillas que escribió junto a Larriera.
Los detalles de la causa
La investigación comenzó en 2015 a partir de una denuncia anónima enviada a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que redirigió la causa a la fiscalía federal de Bahía Blanca. En ese momento Antonio Castaño impulsó la investigación que luego continuó Gabriel González Da Silva.
En 2022 y 2023, la fiscalía emitió dos dictámenes en los que se señaló a Elías como el presunto jefe de una asociación ilícita fiscal. Según el fiscal entre 2011 y 2018 el sospechoso habría movido fondos mediante la constitución de sociedades ficticias, operaciones inmobiliarias, compra de acciones y uso de testaferros.
“Los movimientos permiten presumir su origen ilícito”, indicó la fiscalía, que también mencionó la existencia de cuentas en el exterior.
Desde el Grupo Elías han desestimado la causa y la calificaron como inconsistente. “Todo esto comenzó con una denuncia anónima, lo cual ya es un disparate que no puede tener andamiaje alguno” declaró en su momento el abogado Daniel Llermanos, defensor de Moyano y también de Elías.
Entre las irregularidades detectadas en la causa se encentran:
- Transferencias de bienes entre empresas del mismo grupo
- Depósitos millonarios no declarados
- Blanqueo de fondos sin origen comercial
- Contratos millonarios sin relación con la capacidad económica de los involucrados
- Adquisiciones ajenas al objeto social de las sociedades
El juez federal que había instruido parte del caso se declaró incompetente en 2024, pero la Cámara lo apartó y resolvió que la causa debía continuar en Bahía Blanca que es donde tienen sede principal las empresas y los imputados.
El vínculo con Moyano
Gustavo Elías tiene negocios diversificados en medios de comunicación (entre ellos el diario La Nueva), transporte, inmuebles y servicios portuarios. En el último controló durante años una empresa de estacionamiento para contenedores, uno de los negocios que despertó las sospechas.
En 2007 fundó junto a Llermanos la empresa Ivetra SA, una de las firmas centrales en la estructura del holding. Aparentemente esa sociedad podría haber funcionado como fachada para canalizar recursos de origen incierto.
A pesar de que no hay acusaciones formales contra Hugo Moyano hay una relación directa entre ellos y su entorno, como el rol de Llermanos como abogado de ambos y la sospecha de operaciones en su nombre.
En el entorno judicial de Bahía Blanca se espera que en los próximos meses se definan posibles imputaciones formales y se determine si el caso llega a juicio.
