El Gobierno argentino expresó su rechazo categórico al anuncio de las empresas Navitas Petroleum (Israel) y Rockhopper Exploration (Reino Unido), que confirmaron su decisión final de inversión para desarrollar el yacimiento petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, dentro de la plataforma continental argentina.
Las compañías, ambas sancionadas previamente por Argentina por operar sin autorización, informaron que invertirán más de USD 1.170 millones en la primera etapa del proyecto, que prevé la extracción de hasta 819 millones de barriles de petróleo en una zona descubierta en 2010.
El área se encuentra a 220 kilómetros al norte del archipiélago, frente a las costas de Santa Cruz, en línea con las ciudades de Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz.
Para el Gobierno argentino, se trata de un territorio bajo disputa de soberanía y, por lo tanto, toda actividad hidrocarburífera requiere autorización nacional.
La denuncia desde Cancillería
En un comunicado oficial, la Cancillería afirmó:
“La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina”.
El Gobierno recordó que:
La explotación unilateral viola resoluciones de la ONU, especialmente la 2065 (XX) y la 31/49, que instan a evitar modificaciones unilaterales mientras exista disputa de soberanía.
Las empresas involucradas están inhabilitadas para operar en Argentina por 20 años.
Cualquier actor que facilite estas operaciones quedará expuesto a sanciones administrativas, legales y judiciales, tanto en el país como en jurisdicciones internacionales.
Un proyecto que podría transformar la economía del archipiélago
El yacimiento Sea Lion es considerado uno de los más grandes del Atlántico Sur.
Estudios británicos estiman que podría contener hasta 1.700 millones de barriles, lo que lo ubica por encima de desarrollos como Rosebank, en el Mar del Norte.
Para el Reino Unido y las autoridades isleñas, el proyecto podría aportar:
- Más de USD 10.000 millones al PBI del territorio durante su vida útil
- Cerca de USD 3.750 millones en ingresos fiscales
Argentina sostiene que estos recursos pertenecen al país y que su explotación constituye un acto unilateral e ilegal.
El gobierno fueguino también repudió el anuncio y calificó la iniciativa como un “accionar unilateral, ilegal y provocador” del Reino Unido.
El secretario de Malvinas, Andrés Dachary, pidió una convocatoria urgente del Consejo Nacional de las Islas.
Además, reclamó avanzar con acciones penales y administrativas contra directivos o empresas involucradas.
Navitas y Rockhopper ya habían sido cuestionadas por la Argentina en 2022 y 2023 por realizar actividades exploratorias sin autorización. Ambas fueron declaradas clandestinas y sancionadas por operar en territorio argentino.
