El Gobierno nacional que encabeza Javier Milei anunció su intención de derogar la Ley de Manejo del Fuego, una norma impulsada en 2020 por Máximo Kirchner para proteger ecosistemas y evitar la especulación con tierras quemadas, y que ahora se quiere dejar sin efecto bajo el argumento de “liberar la producción”.
La ley en cuestión —modificación de la Ley 26.815 promovida por el líder de bloque del Frente de Todos— prohibía la modificación del uso productivo de terrenos afectados por incendios forestales durante plazos de entre 30 y 60 años, con el objetivo de desincentivar las quemas intencionales con fines inmobiliarios o de lucro y garantizar la restauración de esos ecosistemas dañados.
Sin embargo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el paquete de medidas del llamado Consejo de Mayo incluirá la reversión de estos artículos, restaurando el régimen anterior a la reforma y eliminando las restricciones que protegían la tierra tras el fuego. El Gobierno justificó la medida señalando que la normativa “atenta contra la producción” y representa una traba para la comercialización y uso de tierras rurales.
Este paso forma parte de una lógica más amplia de liberalización a costa del ambiente, donde se prioriza la agilización de compraventa y cambio de destino de tierras incluso después de eventos de degradación, en vez de defender los recursos naturales y los suelos afectados por incendios. La medida, impulsada por el Ejecutivo y sectores del oficialismo, ha abierto una nueva pulseada política con el peronismo y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre los riesgos de flexibilizar aún más la normativa ambiental en un país que sufre incendios recurrentes.
Desde diversos sectores del ambiente y la oposición se sostiene que derogar esta ley no solo estimula la especulación inmobiliaria, sino que debilita los pocos mecanismos existentes para la protección ecológica post-fuego, justo en momentos donde el país enfrenta incendios de gran escala en regiones como la Patagonia.
Organizaciones ambientalistas también resaltan que este tipo de medidas sientan un precedente peligroso: socavan la posibilidad de proteger áreas naturales y promueven la lógica del “negocio por delante de la sustentabilidad”, en un contexto global donde la crisis climática exige políticas más, no menos, fuertes en defensa de los bienes comunes.
En definitiva, la ofensiva del Gobierno para desarticular una ley que buscaba resguardar los bosques y suelos tras incendios representa no solo un retroceso ambiental, sino una señal política clara: el modelo de gestión de Milei pone el mercado por encima de la protección de la tierra, los ecosistemas y las generaciones futuras.
