La cadena de electrodomésticos más grande de la Argentina atraviesa una crisis cada vez más profunda.
Con una deuda que supera los $15.000 millones, locales cerrados o sin mercadería, retrasos en el pago de salarios y conflictos con sus 4.000 empleados, la situación de Garbarino se complica día a día.
Ante este escenario, su dueño Carlos Rosales (también protesorero de San Lorenzo y propietario del grupo asegurador Prof) recurrió al Gobierno nacional en busca de apoyo financiero.
Según trascendió, mantuvo un encuentro con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para solicitar fondos frescos que permitan normalizar las cuentas de la compañía.
La propuesta incluye la creación de un fideicomiso destinado a recuperar stock, incrementar el flujo de caja y regularizar pagos a proveedores y sueldos.
En paralelo, la empresa negocia con potenciales inversores y espera la devolución de $438 millones de la AGIP por retenciones en exceso.
Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto: solo el 60% de los locales de Garbarino y Compumundo permanecen operativos, mientras que los trabajadores continúan sin cobrar sus haberes de manera normal.
El mercado estima que se necesitan al menos $4.000 millones para reactivar la operación y convencer a proveedores de abastecer nuevamente a la cadena.
La apuesta al auxilio financiero aparece como la última carta de Rosales para evitar seguir el camino de Ribeiro, otra cadena que recientemente solicitó concurso preventivo de acreedores.
