Carolina Bostal, gerente de INCUDI, una residencia para pacientes con síndrome de Down, advirtió sobre el crítico panorama que atraviesan las instituciones y profesionales que trabajan en el área de discapacidad, y llamó a visibilizar la situación para exigir soluciones urgentes.
“Se está agravando la situación para todos: instituciones y profesionales que se dedican al área de discapacidad. Dentro de las formaciones hay muy poco referido a la discapacidad”, lamentó. Y agregó que en la sociedad persisten miradas equivocadas: “Se escucha cada comentario que hace referencia a privilegios o ayudas, y no. Estamos hablando de derechos de cualquier persona para tener su tratamiento y calidad de vida. No estamos pidiendo limosnas o subsidios, se está pidiendo que se respete lo que se acordó”.
Bostal recordó que el Sistema Único de Prestadores, cuando fue creado, “era maravilloso porque equiparaba a una persona con la mutual más alta o más baja, todos teniendo acceso a los mismos derechos. Es ínfimo lo que el Estado tiene que hacer, solo no poner palos en la rueda”.
Actualmente, las instituciones no pueden fijar el precio de sus servicios: “Nos manejamos por un nomenclador nacional. Los mecanismos de control están perfectos, pero estamos percibiendo los mismos valores que en noviembre del año pasado. Solo el sueldo aumentó un 20% y representa el 90% de nuestros gastos, cuando ya el año pasado no nos alcanzaba”.
INCUDI, destacó, cuenta con “un grupo de trabajo inmenso e invaluable” y que en 2023 llevaron adelante “una campaña enorme para optimizar al máximo los recursos”. Sin embargo, criticó la política económica de los últimos gobiernos: “Tienen un nivel de cinismo y caprichosidad: hay que tener superávit, no importa si la gente no come. Las personas con discapacidad son minorías y cuentan menos votos, por eso necesitamos que la gente sepa de esto”.
Bostal subrayó que el problema del nomenclador afecta a todos: “No solo a las personas con discapacidad, sino también a los trabajadores”. Y pidió una actualización urgente: “Hay que actualizar el nomenclador y que las instituciones o prestadores que se vieron damnificados reciban una compensación por lo perdido. Lo más importante es que se definió que ese nomenclador se actualiza con el IPC o cualquier índice”.
Por último, convocó a la manifestación “totalmente autoconvocada por familias y prestadores” que se realizará este viernes, a las 17, en la intersección de Colón y Estomba.
