En Bahía Blanca, el geriátrico que acumuló denuncias por desnutrición, abandono y muertes sospechosas; tiene defensores.
Mientras familiares exigen justicia, un funcionario municipal con la madre internada allí intentó evitar su cierre. La dueña está imputada.
Por años, el geriátrico Los Arcos, en Bahía Blanca, funcionó en la sombra. No era ni el más barato ni el más caro, pero sí fue el último hogar de muchos adultos mayores que, según denuncian sus familiares, murieron abandonados, desnutridos y silenciados.
Todo cambió cuando Florencia Salinas —nieta de uno de esos residentes— decidió hablar. Lo hizo en la radio, en redes, en donde pudiera. Porque a su abuelo lo llevó sano, y un mes después lo estaba sacando con una pulmonía grave y lesiones visibles. Falleció a los pocos días.
“He recibido muchas críticas por el lugar donde lo dejé, pero nadie imagina que puedan suceder estas cosas”, confesó con angustia. Y no fue la única.
Florencia comenzó a recopilar testimonios. El patrón se repetía: adultos mayores que entraban con movilidad, la mayoría con demencia, unos pocos con lucidez o con enfermedades tratables, y que terminaban muertos en semanas. “No es solo mi abuelo. Hay siete más muertos. Y los que no sabemos”, dijo. “Los residentes comían una vez al día y la leche que tomaban estaba rebajada con agua”.
Además de la mala alimentación, denuncian que Los Arcos no contaba con servicio de emergencias ni comunicación constante con los familiares. “Dos servicios básicos vulnerados”, subrayó Florencia. También afirmó que el lugar incumplía condiciones edilicias mínimas: los residentes estaban alojados en un primer piso, algo prohibido por normativa, y carecían del libro obligatorio de ingresos y egresos. “Si ella lo tuviera a la vista, se daría cuenta de todos los abuelos que entraron y al mes fallecieron”, acusó, en referencia a María Gabriela Romero, dueña del geriátrico, hoy imputada judicialmente.
Romero está señalada como responsable de las muertes por “desidia y abandono”. Según las familias denunciantes, además de impedir irlos a visitar para que “puedan adaptarse”, impide que sus trabajadoras hablen del tema y las amenaza. “Para ella los abuelos son números. ¿Cuántos nos sacamos de encima este mes?”, lanzó Florencia con bronca y dolor.
Mientras las pruebas se acumulan, otro grupo defiende al geriátrico. Lo lidera Walter Larrea, trabajador municipal de la Secretaría Legal y Técnica, quien tiene a su madre internada allí. Para él, “el cierre sería una tragedia para muchas familias, porque contienen a los abuelos”. Pero según Florencia, no se trata solo de miedo o desconocimiento: Larrea tendría vínculos estrechos con Romero y, desde su cargo, habría intentado influir para frenar la clausura.
“Creí que era una persona desinformada, como yo lo fui. Le armé una nota con todos los incumplimientos del geriátrico”, contó. Pero la reacción fue otra. “Lo escuché hablar por teléfono. Dijo que no iban a presentar la nota, pero también dijo: ‘si me rompe las pelotas esta piba y se aparece acá, la cago a palos’”.
El uso de su lugar en el municipio, sumado a su cercanía con la dueña, lo ubica en el centro de un posible entramado de encubrimiento y corrupción. “La respuesta que me da con su accionar es que, como su mamá está bien, que siga abierto”, ironizó Florencia.
Finalmente, la clausura llegó. El funcionario Montanaro se comprometió con Florencia a intervenir, y cumplió. Pero no se trata solo de cerrar un geriátrico: “Apuntamos a que no suceda más”, aclaró ella. “No todos los políticos son Walter Larrea”.
Detrás del caso Los Arcos se visibiliza una trama más amplia: geriátricos que funcionan sin controles reales, autoridades que miran para otro lado, y familias que, desde el dolor, intentan reparar un sistema que ya les falló.
