El Gobierno vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca con un Javier Milei que rechazó la creación de un fondo de $200.000 millones.
El presidente aseguró que la asistencia ya fue otorgada a través del subsidio SUR. Sin embargo, miles de damnificados siguen esperando respuestas.
A poco más de tres meses del trágico temporal que afectó a la ciudad y otras localidades bonaerenses, el Gobierno nacional vetó por completo la Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la región.
La norma, aprobada por el Congreso, contemplaba un paquete de asistencia para reconstrucción y alivio fiscal.
El veto fue formalizado mediante el Decreto 424/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
En el texto, el Ejecutivo argumenta que “las acciones previstas ya fueron implementadas” y que “la creación de nuevos fondos impactaría negativamente en el equilibrio fiscal”.
Los datos del Subsidio SUR
Uno de los principales argumentos para vetar la ley es la existencia del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), un programa de asistencia directa a damnificados que fue instrumentado tras el Decreto 238/2025.
Según datos oficiales incluidos en el decreto el 85,4 % de los 37.546 inscriptos al subsidio ya recibió el beneficio, es decir unas 32.076 personas. Pero la realidad es que casi 4.000 casos aún están en evaluación y más de 1.500 fueron rechazados por no cumplir los requisitos o no presentar documentación radecuada.
De los expedientes en análisis, 2.092 deben cargar nuevas facturas o comprobantes, aunque el Gobierno mencionó que se abrió un “camino de subsanación” para estos casos, no se detallaron plazos concretos, lo que genera incertidumbre en los afectados.
Punto por punto: Qué establecía la ley
La ley 27.790 había sido impulsada por senadores bonaerenses con apoyo del Congreso y declaraba la emergencia por 180 días en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales.
Las medidas concretas eran:
- Creación de un Fondo de Reconstrucción de $200.000 millones.
- Exenciones impositivas y suspensión de ejecuciones.
- Créditos blandos para viviendas y pymes locales.
- Moratoria de 180 días para deudas.
- Obras públicas con mano de obra local.
A pesar de que la ayuda nunca llegó toda la comunidad bahiense quedó expectante a la implementación de estos puntos. En este sentido Javier Milei sostiene que las medidas propuestas ya fueron abordadas por los decretos en curso, en especial el programa SUR y por lo tanto no corresponde destinar fondos al asunto.
Además, la Casa Rosada defendió el orden fiscal como una prioridad y consideró que la creación de nuevos subsidios sin fuentes de financiamiento implicaría “desviaciones presupuestarias que comprometen los objetivos económicos del Gobierno”.
¿Qué va a pasar ahora?
Con el veto presidencial la ley vuelve al Congreso. Para ser promulgada de todos modos, deberá ser ratificada con una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, algo que parece poco probable en el actual escenario político.
Mientras tanto, los damnificados que siguen sin respuestas deberán esperar avances en el programa SUR.
