El Gobierno nacional oficializó el DNU 41/2026, que introduce modificaciones clave en el Código Aduanero argentino con el objetivo de simplificar trámites, reducir burocracia y brindar mayor seguridad jurídica a quienes realizan operaciones de comercio exterior.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei y su gabinete, ya está vigente tras su publicación en el Boletín Oficial.
El cambio central es la incorporación de las “resoluciones anticipadas”, dictámenes oficiales que importadores y exportadores podrán solicitar antes de concretar una operación.
Estos informes permitirán conocer de antemano la clasificación arancelaria, valoración y origen de las mercaderías, otorgando previsibilidad sobre impuestos y restricciones aplicables.
Hasta ahora, las empresas enfrentaban incertidumbre en el despacho de cargas, lo que generaba demoras, costos adicionales y litigios.
Con la reforma, la Aduana deberá responder en un plazo máximo de 30 días. Si no lo hace, el operador podrá avanzar bajo los términos planteados, aunque se podrá exigir una garantía como respaldo.
La normativa también redefine responsabilidades
Clasificación arancelaria y valoración a cargo de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Origen de mercaderías bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, con delegación solo en autoridades de rango subsecretario o superior.
Las vías de reclamo también se diferencian. Las decisiones sobre clasificación o valoración se apelarán ante la Aduana, mientras que las de origen se impugnarán ante la Secretaría de Industria y Comercio.
El decreto responde además a compromisos internacionales, en particular al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, que exige sistemas de resoluciones anticipadas.
Argentina tenía plazo hasta enero de 2026 para cumplir con esta obligación.
