La abogada Valeria Carreras presentó una denuncia judicial para que se investigue a la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y a su antecesora, Patricia Bullrich, a raíz de las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la supuesta expulsión de 30.000 “terroristas” en 2025 y 2026.
El planteo apunta a posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, además de otras figuras que pudieran surgir.
Carreras sostiene que los dichos del mandatario no coinciden con los datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, que registran 772 expulsiones en 2025 y 744 en lo que va de 2026, sin causas vinculadas al terrorismo.
La presentación reclama determinar cómo se identificó a esas personas como “terroristas”, si existió un registro formal y si el Ministerio de Seguridad difundió información falsa o exagerada sobre una amenaza de seguridad nacional.
También solicita informes al RePET (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento), a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al fuero federal para precisar cuántas causas por terrorismo se tramitaron en esos años.
Carreras plantea tres escenarios posibles. Que los datos oficiales sean incorrectos, que lo sean las cifras difundidas por Milei o que efectivamente hayan existido 30.000 expulsiones por terrorismo, lo que evidenciaría una grave falla en la política de prevención.
En cualquier caso, advierte que la situación es de gravedad institucional y exige una investigación urgente para esclarecer la veracidad de las afirmaciones presidenciales.
