La Secretaría de Inteligencia de Estado aparece nuevamente involucrada en una denuncia de espionaje ilegal.
Todo indica que el organismo habría estado produciendo información sobre dirigentes políticos opositores, gremios e incluso agrupaciones de jubilados u organizaciones de personas con discapacidad.
La denuncia
El senador Martín Lousteau convocará a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) que él preside. Desde Unión por la Patria reclaman una pronta intervención del Congreso y trabajan en una denuncia judicial.
El periodista Hugo Alconada Mon tuvo acceso a un documento que lleva por título Hechos Previstos 09JUL25, que da cuenta de que la SIDE monitoreó qué protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales estaban previstos para el 9 de julio.
En esa fecha (miércoles) suele haber movilizaciones en la zona del Congreso encabezadas por los jubilados. También, venció el plazo para la presentación de las alianzas electorales en la provincia de Buenos Aires.
Cómo funciona el espionaje de la SIDE
La Secretaría está dividida en cuatro grandes áreas desde que Milei la regresó a la vida.
El informe habría sido confeccionado por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN). Entre las funciones que le da el Decreto de Necesidad y Urgencia 614/2024 están las de lidiar con cuestiones de seguridad interior tales como el crimen organizado, narcotráfico, proliferación de armas y amenazas contra el orden constitucional.
En esta ocasión la SIDE investigó las actividades que tenían previstas los jubilados o las personas con discapacidad.
Según el artículo cuarto de la ley 25520 se establece que ningún organismo de inteligencia puede “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Antecedentes
No es la primera vez que circulan denuncias serias sobre el accionar de la SIDE. Se conoció que el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), habilitaría la vigilancia sobre opositores, periodistas, quienes cuestionen la política económica del Presidente, quienes estén en contra del alineamiento con Estados Unidos o Israel e incluso quienes se propongan actividades de defensa de los recursos naturales.
Hacia fines de mayo, La Nación publicó que existía una directiva firmada por Diego Kravetz, jefe de Operaciones de la SIDE, que disponía monitorear la acción de grupos sociales vulnerables. Estos hechos ya fueron denunciados en junio por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en los tribunales de Comodoro Py.
La denuncia inicialmente recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. Sin embargo, el fiscal Gerardo Pollicita entendió que la denuncia debía acumularse a otra anterior que tramitaba en el juzgado de Sebastián Casanello. La investigación está delegada en la fiscalía de Guillermo Marijuan y, por el momento, no se conocen mayores detalles.
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