El megaemprendimiento minero Vicuña, controlado por BHP y Lundin Mining, fue beneficiado por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y se instalará en una zona de glaciares de la cordillera sanjuanina, incluyendo el Glaciar GE110.
El proyecto, con una inversión inicial de USD 9.700 millones y final proyectada de USD 18.000 millones, ya generó fuertes cuestionamientos por sus impactos ambientales.
Los trabajos incluyen consumo masivo de agua en la cuenca del río Jáchal, demanda energética superior al consumo de toda la provincia y riesgo para reservas de agua dulce.
El acuerdo firmado entre la empresa y el gobernador Marcelo Orrego fue ratificado por la Legislatura y establece que, durante 71 años, la provincia renuncia a imponer multas, impuestos o exigir reparaciones ambientales.
El desembolso de USD 250 millones presentado como inversión inicial se considera en realidad un pago único por todo concepto de daño ambiental, gran parte destinado a obras viales para la logística minera.
Además, el acta elimina obligaciones de restauración ambiental, proyectos de energías renovables y contratación de mano de obra local. Las disputas se resolverán en tribunales internacionales, lo que limita la capacidad de control estatal.
Organizaciones ambientales y académicas advierten que se trata de una cesión de soberanía con consecuencias graves para el ambiente y el desarrollo territorial.
