El Senado provincial aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, habilitando la explotación de uno de los principales yacimientos de cobre en la región de Uspallata, departamento de Las Heras.
La votación cerró con 29 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención, tras más de quince años de controversias sociales, judiciales y políticas.
El proceso incluyó una audiencia pública de diez días y la presentación de más de 9.500 aportes ciudadanos.
El megaproyecto prevé:
- Inversión inicial: USD 559 millones.
- Construcción: entre 18 y 24 meses.
- Empleo: 3.900 puestos en la etapa de obra y 2.400 en operación, entre directos e indirectos.
- Vida útil del yacimiento: 16 años, con posibilidad de extensión.
La autorización legislativa habilita ahora la fase de factibilidad, que demandará alrededor de un año para transformar los estudios previos en un plan de ejecución alineado a estándares internacionales.
La empresa PSJ Cobre Mendocino aseguró que el proyecto fue diseñado con un enfoque sostenible:
- Recirculación de más del 80% del agua utilizada.
- Captación exclusiva desde el Arroyo El Tigre, sin afectar caudal ecológico ni consumo comunitario.
- Uso de flotación mecánica con reactivos biodegradables.
- Aplicación de relaves espesados para mejorar recuperación hídrica y reducir huella ambiental.
El gobernador Alfredo Cornejo celebró la decisión y afirmó que quiere ser recordado como impulsor de la minería en la provincia.
Mientras el sector empresario festeja, organizaciones sociales y ambientalistas expresaron fuertes reparos. El abogado Enrique Viale advirtió que: Mendoza tiene una histórica sensibilidad en torno al agua, ya que solo el 4% del territorio es irrigable.
En 2019, una movilización masiva frenó un proyecto similar.
La iniciativa avanza “sin licencia social” y en paralelo con otros proyectos mineros que, según su análisis, favorecen más a las empresas que a la provincia.
Alertó sobre el riesgo de instalar megaminería en la cabecera del río Mendoza, recurso vital para la región.
Además, cuestionó el argumento de desarrollo económico: “En zonas mineras como Catamarca y San Juan los índices de pobreza y subdesarrollo permanecen elevados”.
La empresa mantiene una oficina abierta en Uspallata para consultas de la población y promete un sistema de monitoreo ambiental y social con acceso público a los datos.
El plan contempla un cierre integral de mina conforme a normativa provincial y estándares internacionales.
