Desde la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPBA) advirtieron sobre la crítica situación que atraviesan las escuelas de educación especial en todo el país.
La combinación de aranceles congelados, inflación creciente y demoras en los pagos pone en peligro la continuidad de los servicios educativos para miles de chicos y chicas con discapacidad.
“Lo que está en juego no es una línea presupuestaria. Es la inclusión, el aprendizaje y la dignidad de una población extremadamente vulnerable”, señaló Laura Giorgi referente del área de educación especial dentro de AIEPBA.
Una crisis que se profundiza
La situación comenzó a deteriorarse en diciembre de 2024 cuando la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó de actualizar el nomenclador nacional que regula los aranceles para las prestaciones educativas y terapéuticas. Desde entonces, los valores permanecen congelados, mientras los costos, especialmente los salariales aumentan.
A esto se le suma que la Superintendencia de Servicios de Salud liquida los pagos con demoras que llegan a los 90 días o más. De esta manera las escuelas deben afrontar aumentos de salarios, servicios públicos, alimentos y materiales sin contar con ingresos acordes.
Muchas instituciones ya funcionan con déficit, algunas han reducido servicios y otras evalúan cerrar sus puertas.
Según Giorgi hoy existe un desfase superior al 70% entre los aranceles autorizados y la inflación acumulada.
“Es insostenible: nuestros egresos suben cada mes, pero los ingresos están congelados. Esto afecta no solo a las instituciones, sino al derecho a la educación y a la inclusión real”, remarcó.
La importancia de la Ley de Emergencia
Desde AIEPBA manifestaron su apoyo a un proyecto de ley de emergencia en discapacidad que se discute en el Congreso Nacional. La norma busca dar respuesta estructural al problema urgente del financiamiento y agilizar los mecanismos de pago, garantizando los derechos de quienes están en edad escolar.
“El sistema no aguanta más. Sin una ley que dé respuestas concretas, la red de instituciones que viene trabajando hace décadas podría desmoronarse”, advirtieron.
Desde AIEPBA sostienen que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso equitativo a los apoyos necesarios para una educación inclusiva real.
“El compromiso de las escuelas está intacto, pero solas no pueden. Necesitamos una respuesta política inmediata. El sistema está colapsando” denunció Giorgi.
