El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al vocero presidencial Manuel Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y solicitó avanzar con una serie de medidas de prueba para investigar la evolución de su patrimonio.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien planteó posibles inconsistencias entre los bienes declarados por el funcionario y sus ingresos como empleado público.
En su requerimiento, el fiscal sostuvo que existen elementos preliminares que justifican profundizar la investigación. Entre los puntos señalados figuran presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales y un incremento significativo en el patrimonio del funcionario en los últimos años, lo que motivó el pedido de distintas medidas para verificar la información financiera y registral.
Uno de los aspectos bajo análisis es la posible omisión de bienes en las presentaciones patrimoniales. La denuncia menciona una vivienda ubicada en un country de la provincia de Buenos Aires que no habría sido declarada, además de movimientos financieros que, según se indicó, habrían sido justificados mediante préstamos familiares.
Para avanzar con la causa, Pollicita solicitó una docena de medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes a organismos públicos, registros de la propiedad y entidades financieras. La investigación quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si da curso a las medidas solicitadas por la fiscalía y definir los próximos pasos del expediente.
