La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Poder Ejecutivo y ratificó la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025 y ratificada tras el veto presidencial.
El fallo dispone la actualización de salarios de docentes y no docentes de universidades públicas, además de la recomposición de becas, programas de investigación y funciones de salud y extensión. Los jueces calificaron de “poco serios” los argumentos oficiales para no aplicar la norma, que se basaban en la falta de fuentes explícitas de financiamiento y en un supuesto impacto fiscal negativo. La Cámara sostuvo que el costo es bajo y que el Ejecutivo no puede suspender una ley votada por el Congreso mediante un decreto.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, celebró la decisión y reclamó su cumplimiento para destrabar el conflicto docente que mantiene medidas de fuerza desde el inicio del ciclo lectivo. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes”, advirtió.
