La provincia de Mendoza se convirtió en la primera jurisdicción del país en judicializar a padres y tutores que no cumplen con el calendario oficial de vacunación de sus hijos.
La medida se oficializó en un contexto sanitario marcado por el rebrote de sarampión y la muerte de al menos siete niños por tos convulsa en distintas regiones de Argentina.
El ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero, confirmó que ya se realizaron las primeras diez denuncias formales, que fueron derivadas a la Justicia Civil.
Allí, los adultos involucrados deben asistir a una audiencia obligatoria, donde equipos sanitarios explican los riesgos de mantener a los niños sin la protección que brindan las vacunas, tanto para ellos como para la comunidad.
Sanciones previstas y enfoque preventivo
La normativa vigente habilita sanciones que incluyen:
- Multas de hasta 336 mil pesos
- Arrestos de hasta cinco días para quienes persistan en la negativa a vacunar
Desde el Ministerio de Salud remarcan que el objetivo no es punitivo, sino preventivo.
Buscan garantizar que los niños reciban la cobertura necesaria para proteger su vida y sostener la inmunidad colectiva.
“El objetivo es que los niños se vacunen. No buscamos castigar, sino proteger a los chicos. Es el juez el que determina qué hacer. Nuestro rol es activar el sistema cuando se vulnera el derecho a la salud del niño”, explicó Iris Aguilar, responsable del Departamento de Inmunizaciones.
La funcionaria señaló que el mayor incumplimiento se registra en las vacunas correspondientes a los 15 meses, donde suelen espaciarse los controles pediátricos.
En agosto, Mendoza puso en marcha una resolución que obliga a denunciar judicialmente a padres, madres o cuidadores que incumplan el esquema oficial de vacunación.
La ley nacional establece que las vacunas del calendario son obligatorias y gratuitas, ya que resguardan la salud pública.
La resolución provincial retoma ese principio y sostiene que la protección colectiva prevalece sobre decisiones individuales.
Según el texto oficial, garantizar la vacunación “es una responsabilidad del Estado, más allá de la voluntad de los padres”.
La medida llega en un momento crítico, con brotes de sarampión y un aumento de casos de tos convulsa, enfermedades que habían sido controladas durante años gracias a la vacunación sistemática.
Las autoridades sanitarias advierten que la caída en las coberturas vacunales, sumada a la circulación viral, genera un escenario de riesgo que exige respuestas rápidas y coordinadas.
