El diputado Guillermo Michel presentó en el Congreso una iniciativa que busca incorporar nuevos artículos al Código Penal para sancionar con cárcel y multas millonarias la pesca ilegal en aguas argentinas. La propuesta apunta a reforzar los castigos por capturas en períodos de veda, en zonas protegidas o mediante métodos destructivos, y contempla agravantes en casos de embarcaciones extranjeras sin autorización o cuando se afecten especies amenazadas.
El proyecto define por primera vez la pesca ilegal en el marco penal y prevé penas de hasta seis años de prisión, además de sanciones económicas. También establece el decomiso de embarcaciones y vehículos utilizados en el delito, y la donación de los productos aptos para consumo humano a bancos de alimentos y comedores comunitarios.
La iniciativa avanza sobre toda la cadena de valor: quienes vendan, compren o comercialicen productos de origen ilícito podrán ser condenados penalmente. En casos de asociación ilícita, las penas podrían llegar a ocho años de prisión. Las empresas pesqueras, como personas jurídicas, enfrentarían multas de hasta el quíntuplo del beneficio obtenido, suspensión de permisos e inhabilitación para contratar con el Estado.
Según estimaciones oficiales, la pesca ilegal provoca pérdidas superiores a 1.000 millones de dólares anuales y afecta gravemente especies clave como el calamar Illex argentinus y la merluza hubbsi. La presión de flotas extranjeras, en especial de origen chino, sobre la Zona Económica Exclusiva Argentina alcanza niveles sin precedentes, con cientos de embarcaciones operando en la llamada “Milla 201”.
El proyecto también prevé la creación de un Fondo Nacional de Conservación y Fiscalización Pesquera con lo recaudado por multas y subastas, destinado a financiar tareas de control, investigación y programas de recuperación de recursos agotados.
