La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Mercedes Llano, presentó un proyecto que busca incorporar un requisito inédito para acceder a los cargos políticos más importantes del país.
Se trata de aprobar una evaluación psicológica obligatoria antes de asumir funciones.
La iniciativa crea la llamada “Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional”, que alcanzaría a legisladores nacionales, autoridades superiores del Poder Ejecutivo y candidatos a presidente y vicepresidente.
En la práctica, significaría que ganar una elección ya no sería suficiente: además, el candidato debería obtener un dictamen de aptitud.
¿Qué evalúa el test?
El examen apunta a determinar si la persona posee las capacidades necesarias para ejercer el poder político de forma responsable.
La ley define esa idoneidad como la presencia de aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas para la función pública, entre ellas:
- Juicio crítico y ético
- Regulación emocional bajo presión
- Autocontrol
- Respeto por las normas constitucionales
- Trabajo en equipo
El examen sería realizado por organismos técnicos independientes y consistiría en pruebas psicométricas, entrevistas estructuradas y evaluaciones de personalidad validadas científicamente en Argentina.
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que propone medir rasgos de personalidad vinculados al ejercicio del poder, como narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica.
Según los fundamentos, estos rasgos podrían asociarse a conductas institucionalmente dañinas, como el autoritarismo, la corrupción o la toma de decisiones impulsivas.
El resultado no incluiría diagnósticos clínicos ni detalles médicos. Solo habría dos posibles dictámenes: “Apto funcional”, que habilita a asumir el cargo, o “No apto funcional”, que impide hacerlo o incluso presentarse como candidato.
En caso de un resultado negativo, la persona quedaría inhabilitada y debería ser reemplazada según la normativa electoral vigente, aunque podría pedir una revisión ante un comité independiente.
El proyecto sostiene que el derecho a ser elegido no es absoluto y puede tener requisitos razonables, como la edad mínima, la ciudadanía o la ausencia de condenas penales.
Para sus impulsores, la democracia no solo implica votar, sino garantizar que quienes gobiernan tengan condiciones adecuadas para ejercer el poder.
La discusión recién comienza en el Congreso, pero de avanzar implicaría un cambio profundo en la forma de acceso al poder político en Argentina.
