El sistema penitenciario argentino cerró 2024 con un récord histórico de 121.443 personas detenidas, lo que equivale a una tasa de 258 presos cada 100.000 habitantes.
Es el registro más alto desde que existen mediciones consolidadas.
El aumento interanual fue del 7,1%, superando el promedio histórico de las últimas dos décadas y consolidando una crisis estructural marcada por el hacinamiento.
Según el relevamiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), las cárceles funcionan al 130,2% de su capacidad, lo que significa que por cada 100 plazas disponibles hay 130 personas alojadas.
Aunque varias provincias inauguraron nuevas unidades en 2024, el alivio fue limitado y buena parte de las plazas se utilizó para trasladar detenidos que permanecían en comisarías.
En cuanto a la distribución por género, el informe revela que solo el 5% de las personas privadas de la libertad son mujeres, una proporción estable en todas las jurisdicciones.
Aunque minoritaria en términos numéricos, esta población enfrenta condiciones específicas y problemáticas particulares en un sistema diseñado históricamente para varones.
El estudio también advierte que el crecimiento del encarcelamiento está vinculado al uso extendido de la prisión preventiva, el aumento de penas cortas y la escasa aplicación de medidas alternativas al encierro.
El 62% de los detenidos tiene condena firme, mientras que el 37,3% permanece sin sentencia definitiva.
Los delitos contra la propiedad concentran el mayor porcentaje de presos (36,4%), seguidos por los delitos contra las personas (21,7%) y contra la integridad sexual (20,5%).
El CNPT subraya que el hacinamiento afecta especialmente a grupos vulnerables, como las personas con problemas de salud mental.
Actualmente hay 256 detenidos bajo medidas de seguridad en esa condición.
El organismo insiste en que la construcción de cárceles no resuelve el núcleo del problema y reclama reformas profundas en la política penal y judicial para frenar la sobrepoblación
