La oficial de policía Micaela Belén Ramírez, de 25 años, murió tras dispararse con su arma reglamentaria dentro de la Subdelegación DDI de Florencio Varela, donde cumplía servicio de guardia.
El hecho ocurrió el sábado 3 de enero y constituye el segundo suicidio policial en el sur del conurbano bonaerense en apenas tres días de 2026, lo que expone una crisis silenciosa que golpea con especial dureza a las fuerzas de seguridad.
Ramírez ingresó a la dependencia a las 8 de la mañana.
Cuatro horas después, una detonación en el baño alertó a sus compañeros.
Al ingresar, la encontraron inconsciente con una herida de arma de fuego en la sien derecha. Fue trasladada de urgencia al Hospital Mi Pueblo, donde falleció a las 12:45.
La investigación quedó a cargo de Gendarmería Nacional por orden de la UFI N°1 de Florencio Varela. Se secuestraron su pistola Bersa TPR9, una vaina servida, siete municiones intactas y su teléfono celular.
El caso de Micaela no es aislado.
Según el sociólogo Santiago Galar, ex director nacional de Bienestar Policial, la tasa de suicidios en las fuerzas duplica a la de la población general en la misma franja etaria (20 a 60 años).
El acceso inmediato al arma reglamentaria se convierte en el principal factor de riesgo en momentos de crisis.
La vida policial no termina al final del turno: cada operativo, cada escena violenta y cada víctima atendida se acumulan como una carga invisible.
A esto se suma el estigma institucional: hablar de salud mental suele interpretarse como “debilidad” o riesgo para la carrera.
Muchos efectivos evitan pedir ayuda por miedo a perder adicionales salariales o frenar ascensos.
