El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que modifica de manera sustancial la legislación vigente en materia de discapacidad. La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, exige un reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios de pensiones no contributivas, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.
El texto advierte que quienes no cumplan con el trámite sufrirán la suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio. Además, se prevé un sistema de fiscalización con cruce de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, lo que habilita suspensiones preventivas ante inconsistencias.
Otro punto clave es la fijación del monto de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando aumentos por invalidez laboral o zona desfavorable. También se establece una incompatibilidad absoluta con cualquier empleo formal, lo que endurece las condiciones actuales y elimina beneficios para empresas que contraten personas con discapacidad.
El proyecto introduce cambios en el financiamiento del sistema, al suprimir el nomenclador de prestaciones y habilitar convenios entre Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires para la administración de fondos. Esto desregula la negociación con obras sociales y prepagas, generando incertidumbre sobre la calidad de las prestaciones.
