El escándalo por los créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores cercanos al oficialismo derivó en dos denuncias penales.
Las presentaciones recayeron en los juzgados federales de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, e incluyen a exautoridades del banco, funcionarios y dirigentes libertarios.
El Gobierno comenzó a delinear su estrategia judicial frente a las acusaciones, defendiendo la legalidad de los préstamos y asegurando que no existió trato preferencial.
Desde el Banco Nación remarcan que cada operación fue otorgada bajo las mismas condiciones disponibles para cualquier cliente que cumpliera con los requisitos de ingresos, garantías y capacidad de repago.
La primera denuncia, presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, apunta contra Daniel Tillard, ex presidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, del Banco Central, por presuntos delitos de administración fraudulenta y abuso de autoridad.
La segunda, impulsada por la diputada Mónica Frade y el socialista Esteban Paulón, amplía la acusación a beneficiarios de los créditos, entre ellos Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.
En paralelo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi.
Fue tras conocerse que había gestionado un crédito hipotecario por casi $420 millones, uno de los montos más elevados de la nómina. La decisión se tomó en línea con la política de austeridad que sostiene la cartera.
El caso abre un frente sensible para la administración de Milei, que deberá responder a las acusaciones de trato preferencial y conflicto de intereses en el otorgamiento de créditos, mientras la Justicia avanza en la investigación.
