El Consejo Interuniversitario Nacional difundió un informe con datos concretos del propio gobierno –como la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el INDEC- que busca clarificar mitos y falacias que algunos sectores sostienen sobre las universidades estatales.
La discusión presupuestaria y sobre los fondos de funcionamiento de las universidades nacionales tiene por parte de los sectores más críticos varios puntos discursivos muy concretos que se reiteran permanentemente en los medios y las redes sociales. Tanto funcionarios del gobierno como comunicadores sociales y dirigentes políticos cuestionan “la falta de controles”, “la cantidad real de alumnos”, que “los pobres no van a la universidad” y el impacto de la Ley de Financiamiento sobre el equilibrio fiscal buscadoa rajatabla por el Poder Ejecutivo. El documento hecho público en las marchas del 2 de octubre enfatiza que las universidades “soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario”.
Por eso, las universidades nacionales de San Martín y de Hurlingham elaboraron un informe que contradice cada uno de esos postulados utilizando los propios datos que publica el gobierno en los anuarios de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación, de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y de la actual Secretaría de Educación de la Nación.
Primera falacia: “Inventan estudiantes para cobrar más fondos”
En Argentina el presupuesto universitario no se asigna a las universidades solamente por cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y se tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y nodocentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología, entre varios indicadores más.
Segunda falacia: “Los pobres no están en las universidades”
Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el 48.5% de los estudiantes inscriptos en materias universitarias en 2024 están por debajo de la línea de pobreza. En cuanto al acceso y las posibilidades de la universidad pública como medio de progreso económico y social, de los 2,5 millones de estudiantes que tiene el sistema, casi siete de cada diez tienen padres y madres que no fueron a la universidad. Es decir, son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior.
Tercera falacia: “No se audita lo que gastan”
Los gastos de las universidades se componen en un 90% en salarios, que son nominales y cuyos listados posee la Subsecretaría de Políticas Universitarias para girar los fondos, y un 10% en gastos de funcionamiento, lo que abarca servicios públicos, investigación científica, becas, bibliografía, infraestructura, equipamiento, viajes de estudio, etc. Las universidades son una de las entidades del sector público más controladas y auditadas, e incluso lideran el ranking que elabora la Agencia de Transparencia de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Tienen auditorías internas propias y externas del Congreso de la Nación, más evaluaciones de gestión propias y externas, estas últimas a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano su información sobre su personal docente y no docente y sobre su presupuesto. Incluso algunas como la Universidad Nacional del Sur tienen sus auditorías y su ejecución presupuestaria día por día en línea, en su portal web, accesible a todo público.
Cuarta falacia: “Los salarios están por encima del sector público en general”
El 85 % de los docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza, mientras que más del 60 % de sus trabajadores nodocentes se encuentran en esa misma situación. La pérdida de poder adquisitivo durante el 2024 fue de más del 30%, y son uno de los sectores con mayor descenso, incluso más que otros empleados públicos del Estado Nacional.
Quinta falacia: “La ley de financiamiento universitario atenta contra el equilibrio fiscal”
La Ley de Financiamiento Universitario aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Nación por amplia mayoría representa apenas el 0,14% del PBI. Este porcentaje es similar a lo que el Gobierno dejó de percibir por bajar el impuesto a los bienes personales, una medida que benefició a los sectores sociales de altos recursos. Por otro lado, ese 0,14% se podría financiar con el superávit financiero anual acumulado.
“La verdad es que hemos tenido un año donde no paramos de sorprendernos. El primer prejuicio fue que las universidades adoctrinaban. Después, que no queríamos ser auditadas. Ahora, que inventamos alumnos para recibir más presupuesto”, declaró recientemente el rector de la UNSL y presidente del CIN, Víctor Moriñigo. El rector de la UNS, Daniel Vega, se expresó en el mismo sentido al remarcar que “detrás de todo esto hay una campaña de desprestigio del sistema universitario. En la UNS tenemos un esquema de auditoría interna que se aprueba a través de la SIGEN. A su vez, estamos auditados por el Congreso. Sumado a eso, en mi gestión puse como auditor, a una persona de la lista opositora para que todo sea transparente y todas las auditorías están en línea y presentadas a la AGN. Así que, me parece que hay desinformación porque todas las universidades estamos auditadas por la Auditoría General de la Nación”, explicó.
