Por: Luciano Meneghini.
La noche del 16 de diciembre de 2023 marcó para siempre a Bahía Blanca. El derrumbe del techo del Club Bahiense del Norte no fue solo una tragedia: fue una cadena de omisiones, decisiones mal tomadas y advertencias ignoradas. Trece personas murieron. Decenas quedaron heridas. Y cientos arrastran secuelas físicas y emocionales. La responsabilidad institucional no puede diluirse en el viento. Y la responsabilidad penal tampoco.
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— Luciano Meneghini (@MeneghiniL) November 13, 2025
Estamos en el piso con Celeste Castillón, víctima de la tragedia de Bahiense del Norte, donde perdió a su hijo y esposo.
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Entre esas historias está la de Celeste Castillón, una mujer que sobrevivió al derrumbe, pero perdió lo más valioso: su esposo Ariel y su hijo Benicio, de 5 años. Su testimonio no solo humaniza lo ocurrido: expone con crudeza que había señales, que había riesgo y que lo que sucedió no fue un accidente inevitable, sino una tragedia que podía prevenirse si quienes debían actuar hubieran actuado.
Celeste contó que, minutos antes del colapso, vio viento remolineando, tierra y hojas entrando por los ventiluz. Nadie suspendió la actividad. Nadie evacuó el lugar. Nadie tomó decisiones.
Mientras las alertas meteorológicas naranjas estaban activas en la ciudad, en el club las familias seguían participando de un evento que nunca debió continuar.
Después vino el estruendo. La oscuridad. El polvo. El silencio.
Celeste despertó ensangrentada, con traumatismos, con vértebras fisuradas. Lo único que preguntó fue por su hijo y su esposo.
La respuesta fue la peor: ambos estaban muertos. Ariel había muerto abrazando a su hijo, intentando protegerlo hasta el último instante. Ese tipo de escenas no pueden explicarse solo con la palabra “temporal”.
No alcanzan las excusas sobre la violencia del viento. No se sostiene la idea de que la tragedia era imprevisible.
Porque había alertas oficiales.
Porque había un edificio sin habilitación vigente para actividades masivas.
Porque había responsabilidad jerárquica directa.
Porque había vidas que dependían de decisiones que no se tomaron.
Celeste, como tantas otras víctimas, no pide venganza. Ni dinero. Ni un gesto simbólico.
Pide justicia.
Pide que alguien se haga cargo.
Pide que la Justicia actúe donde la responsabilidad institucional falló.
A pesar del dolor, reabrió el lavadero de autos que tenía con su esposo. Lo hizo porque su hija la necesita. Porque necesita seguir adelante. Porque no tuvo más opción que “ponerle el pecho”, como ella misma dijo.
Y si una madre que perdió a su familia puede levantarse, es inaceptable que las instituciones no puedan hacerlo. Es inaceptable que quienes tenían poder de decisión no enfrenten hoy las consecuencias.
Por eso este editorial es claro y directo:
La Justicia debe condenar a Leandro Ginóbili.
Debe hacerlo porque él era el presidente de la institución.
Porque sobre él recaía la responsabilidad de suspender el evento, garantizar la seguridad y cumplir las normas.
Porque su omisión tuvo consecuencias irreparables. Y porque una sociedad que no sanciona responsabilidades solo garantiza que la tragedia pueda repetirse.
La muerte de trece personas no puede quedar en la nebulosa de la fatalidad.
El dolor de familias como la de Celeste no puede ser ignorado. Bahía Blanca necesita justicia, las víctimas merecen justicia.
Y las instituciones deben entender, de una vez por todas, que la negligencia también mata.
