Cristina Fernández de Kirchner confirmó que llevará su condena en la causa Vialidad al Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Denunciará al Estado argentino por violaciones a sus garantías fundamentales.
n una extensa carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la justicia”, sostuvo que la verdadera finalidad de la sentencia es “proscribirla” de la vida política.
Señaló que la inhabilitación perpetua es la pena principal y la prisión de seis años apenas una accesoria.
La expresidenta denunció además la existencia de un “machismo estructural” en el Poder Judicial.
Vinculó la persecución con el intento de asesinato que sufrió en 2022 y afirmó que su caso constituye un ejemplo de persecución política.
Según explicó, todas las arbitrariedades cometidas en su contra tienen como objetivo impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas.
Para esta nueva etapa de su defensa internacional convocó a los juristas Rafael Valim (Brasil) y Javier Borrego (España), quienes patrocinarán la presentación ante la ONU. El objetivo es que los jueces argentinos que intervinieron en su condena sean sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Kirchner también publicó columnas en medios internacionales como El País (España), Folha de S.Paulo (Brasil) y Libération (Francia).
Allí, expuso las razones por las que considera que su caso debe ser analizado bajo estándares internacionales.
Insistió en que la utilización de la justicia como herramienta de proscripción política es un fenómeno global que amenaza a las democracias constitucionales.
En su carta, la exmandataria aseguró que no responderá con odio ni violencia, sino con “más derecho, más democracia y más verdad”.
Llamó a sus seguidores a no perder la esperanza, convencida de que “ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular”.
