El gobierno francés avanza con medidas que permitirían exigir a las plataformas digitales que eliminen publicaciones en un plazo de hasta una hora cuando consideren que incitan a la violencia o a la insurrección.
La iniciativa, impulsada en medio de una ola de movilizaciones, saqueos e incidentes, generó rechazo por los límites a la libertad de expresión y el derecho a la protesta.
Aunque el Ejecutivo sostiene que no busca prohibir las redes sociales, sino retirar contenidos que promuevan actos violentos, la medida genera preocupación por el alcance de las facultades otorgadas al Estado. La posibilidad de ordenar eliminaciones urgentes de publicaciones podría derivar en restricciones a mensajes de convocatoria, organización y difusión de manifestaciones sociales.
La oposición de izquierda advirtió sobre el riesgo de censura y cuestionó que las autoridades puedan intervenir sobre contenidos vinculados a las protestas. También generó rechazo la posibilidad de establecer prohibiciones individuales para participar de marchas sin necesidad de una condena judicial previa.
El proyecto consiguió avanzar en el Senado francés con 219 votos a favor y 115 en contra. Mientras el gobierno argumenta que busca impedir la coordinación de saqueos y disturbios, sus críticos advierten que ampliar el control estatal sobre las comunicaciones digitales puede convertirse en una herramienta para limitar la disidencia y debilitar derechos fundamentales.
