El presidente Javier Milei enfrenta una denuncia penal presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que lo acusa de haber incurrido en el delito de violación de los deberes de funcionario público.
El planteo se origina en expresiones realizadas por el mandatario en una entrevista con el diario británico The Telegraph, publicada el 29 de diciembre de 2025.
Se le suman otros discursos vinculados a la soberanía argentina sobre las islas.
En aquella entrevista, Milei sostuvo que “el territorio solo debería regresar a la Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen”.
Para el CECIM, presidido por Rodolfo Carrizo, esa afirmación implica una “imagen de desinterés y abdicación de la causa Malvinas”.
La denuncia, presentada en los tribunales de Comodoro Py, sostiene que el Presidente actuó “con conocimiento pleno de sus actos y consecuencias”.
vulnerando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, leyes nacionales vigentes y resoluciones de la ONU.
Entre ellas la Resolución 2065, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
Argumentos del CECIM
Los excombatientes remarcaron que la Constitución exhorta a respetar el modo de vida de los habitantes de las islas, pero “nunca sus deseos en lo que respecta a la soberanía”.
En ese sentido, recordaron que la soberanía sobre Malvinas es “un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
También cuestionaron el discurso que Milei brindó el 2 de abril de 2025, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, cuando afirmó que “el voto más importante es el que se hace con los pies” y que el Gobierno aspira a que “los malvinenses prefieran ser argentinos”.
Para el CECIM, ese enfoque traslada el reclamo soberano del plano del derecho internacional a un terreno “meramente económico y voluntarista”.
Los abogados Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso, patrocinantes de la denuncia, advirtieron que las declaraciones presidenciales podrían tener consecuencias en el plano internacional, al debilitar la posición histórica argentina. “En materia de soberanía, los actos del Jefe de Estado no son palabras: son hechos jurídicos internacionales”, señalaron.
El CECIM recordó además que ya había intimado al Presidente y a la Cancillería a retractarse de este tipo de manifestaciones, sin obtener respuestas satisfactorias, y subrayó que esta conducta “no es nueva en la actual gestión”.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 12, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini, quien deberá determinar si los hechos denunciados podrían configurar otros delitos de acción pública.
