El Senado se prepara para votar este jueves 16 de julio el proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por Federico Sturzenegger y defendido por Patricia Bullrich. El texto, que ya fue modificado 13 veces en un mes, concentra cambios en seis leyes distintas y genera fuertes cuestionamientos de organismos como el CELS, la ACIJ, sindicatos judiciales y la ONU, que en 2025 condenó a la Argentina por violar el derecho a la vivienda.
El proyecto modifica la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Barrios Populares, la Ley de Manejo del Fuego, el Código Civil y Comercial y el Código Procesal Civil y Comercial. Entre los puntos más polémicos:
Tierras extranjeras sin límite: se eliminan los topes de hectáreas y la protección de cuerpos de agua, habilitando la compra masiva por parte de inversores externos.
Desalojo exprés: se crea la figura de restitución anticipada del inmueble por atraso en el pago del alquiler, lo que acelera los desalojos.
Barrios populares: se derogan artículos que protegían a más de cinco millones de personas, anulando la prohibición de desalojos y la política de integración socio-urbana.
Manejo del fuego: se flexibilizan las restricciones que impedían cambiar el uso del suelo tras incendios, reabriendo la puerta a negocios inmobiliarios.
Expropiaciones más caras: se incorpora el lucro cesante en las indemnizaciones, encareciendo obras públicas y urbanizaciones.
Los críticos sostienen que cada reforma beneficia a sectores concentrados (fondos de inversión, grandes terratenientes y desarrolladores inmobiliarios) y perjudica a inquilinos, comunidades indígenas y familias de barrios populares. “Es una transferencia de recursos de abajo hacia arriba con formato de ley”, advierten.
El apuro por aprobar la iniciativa, sin debate legislativo profundo, refuerza las sospechas de que el título de “inviolabilidad” busca ocultar lo que muchos ya llaman directamente Ley del Despojo.
