En medio del paro docente convocado por Ctera, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense distribuyó un instructivo a todas las escuelas para rechazar las inspecciones anunciadas por el Ministerio de Capital Humano. La comunicación calificó la medida como un “avance ilegítimo sobre la autonomía” y ordenó a directores e inspectores abstenerse de brindar información a funcionarios nacionales.
El Gobierno de Axel Kicillof sostuvo que Nación no tiene competencia para fiscalizar el sistema educativo provincial ni solicitar datos sobre el personal. La ministra Flavia Terigi se alineó con los gremios y aclaró que, ante cualquier requerimiento, las autoridades escolares deben limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría nacional.
La respuesta bonaerense se da en el marco de la nueva Ley de Reforma Laboral, que declaró a la educación como “servicio esencial” y habilitó inspecciones para garantizar un 75% de cobertura durante las huelgas. La ministra Sandra Pettovello había anticipado que se realizarían controles en distintos establecimientos, lo que generó un fuerte choque institucional.
En La Plata y el conurbano, el paro tuvo una adhesión casi total en las escuelas estatales, mientras que los institutos privados funcionaron con normalidad. Suteba y otros gremios reclaman la reapertura de la paritaria nacional, la restitución del Fondo de Incentivo Docente y mejoras salariales.
Desde Nación respondieron que la Secretaría de Trabajo tiene facultades plenas para fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral y que no se trata de un ataque a los docentes, sino de verificar el accionar sindical. Sin embargo, la Provincia insiste en que la intervención nacional vulnera la autonomía local.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la disputa entre la administración de Kicillof y el Gobierno de Milei, con la educación en el centro de la tensión política y sindical.
