La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió revocar la sentencia de primera instancia que había ordenado restituir, con efecto expansivo a nivel nacional, las pensiones no contributivas por discapacidad suspendidas en el marco de las auditorías dispuestas por el Decreto 843/2024.
El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca había hecho lugar a una demanda colectiva impulsada por el Defensor del Pueblo provincial, una asociación civil y particulares, ordenando a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir las pensiones retenidas en un plazo de 24 horas.}
El juez consideró que las suspensiones constituían una “vía de hecho” administrativa.
Argumentos de la Cámara sostuvo que:
- El Defensor del Pueblo de Catamarca carecía de legitimación para demandar al Estado nacional, ya que su competencia se limita al ámbito provincial.
- La asociación civil A.P.Y.Fa.Di.M. no cumplía con los requisitos de homogeneidad exigidos por la doctrina del fallo Halabi, dado que las situaciones de los beneficiarios eran disímiles.
- La sentencia apelada vulneraba el principio de congruencia, al declarar la nulidad de actos administrativos individuales mientras se alegaban “vías de hecho”.
Por estos fundamentos, se dejó sin efecto la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos y se dispuso que cada beneficiario podrá iniciar su reclamo de manera individual.
¿Qué cambia?
El juez Fernando Luis Poviña votó en disidencia parcial, considerando que la cuestión había devenido abstracta tras la sanción de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y su decreto reglamentario 84/2026.
Las asociaciones anticiparon que presentarán un recurso extraordinario federal para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro del plazo legal de diez días hábiles.
La resolución genera incertidumbre entre los beneficiarios, que deberán recurrir a la vía judicial individual para reclamar la restitución de sus pensiones, mientras el conflicto se traslada ahora al máximo tribunal.
