En Mendoza, un paro de cosecheros durante la Fiesta de la Vendimia fue frenado por la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, pero el conflicto salarial sigue abierto.
El gremio FOEVA rechazó la oferta empresarial de aumentos de apenas 1% mensual para bodegas y 0,5% para viñas, calificándola de “miserable” frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
Mientras tanto, las exportaciones de vino cayeron a u$s 661 millones en 2025, el nivel más bajo desde 2009, con un desplome del 73% en volumen exportado en cuatro años.
El consumo interno retrocedió 12,5% y las importaciones de vino se multiplicaron por 18.
Legisladores mendocinos impulsan declarar la Emergencia Vitivinícola, fijar un precio mínimo para la uva y otorgar alivio impositivo para frenar el cierre de viñedos.
En Misiones, la crisis de la yerba mate golpea a 13.500 familias productoras.
Según el ministro del Agro Facundo López Sartori, deberían recibir $700 por kilo de hoja verde, pero el mercado paga entre $180 y $220.
Productores denuncian pérdidas de $200.000 millones en el último año y acusan al Gobierno de desregular el sector en favor de grandes empresas.
El referente yerbatero Hugo Sand calificó la política oficial como un “proyecto de muerte” y advirtió sobre riesgos ambientales y sociales, señalando que el modelo apunta a mecanización intensiva y amenaza la biodiversidad.
La falta de rentabilidad ya provoca un éxodo de trabajadores hacia Brasil, donde una jornada rural paga el doble que en Argentina.
Ante el vacío regulatorio, Misiones impulsa una “pizarra de precios” para transparentar el mercado y dar referencia pública a los productores.
En ambos casos, la tensión refleja el impacto de la desregulación y la caída del consumo sobre sectores que son pilares culturales y económicos de sus regiones.
