El titular de ATE convocó a presionar a los gobernadores peronistas que ahora se disponen a acompañar la propuesta de quita de derechos a los trabajadores.
En contacto con Napalm, por Radio Provincia AM1270, admitió que “no vamos a encontrar consenso legislativo» para voltear el proyecto de reforma laboral que el oficialismo impulsa en el Congreso. Si bien advirtió que «la vía judicial es un camino», al igual que el trabajo parlamentario, enfatizó que «el único camino que depende de los trabajadores es tomar la calle». En ese marco, señaló que «tenemos que salir a la calle y no abandonarla hasta que no se caiga la iniciativa de manera completa».
En relación a la posibilidad de modificar o eliminar algunos artículos de la propuesta, el dirigente agregó que «no nos tenemos que conformar con el mal menor” porque “si yo me siento a discutir una norma que fue redactada por la patronal, me siento a perder».
A su vez, convocó a «movilizar donde haya gobiernos peronistas que se estén pervirtiendo», debido a que «hay legisladores que juntaron votos como peronistas y ahora no pueden recibir con cafecito y masas a Santilli». «Se van a disparar un tiro en el pie”, adelantó, ya que si se aprueba la norma “va a terminar de destruir el empleo en las provincias y afectar de manera drástica la coparticipación».
Aguiar denunció que la reforma laboral «quita derechos» y «oculta una reforma sindical». Al respecto, apuntó: «Quieren terminar con el sindicalismo», a través de «una desafiliación a los sindicatos», lo cual «ya pasó durante la dictadura».
Asimismo. dijo que le da “vergüenza ajena” las últimas declaraciones del titular del UTHGRA, Luis Barrionuevo, en un encuentro sindical en Mar del Plata. En tal sentido, consideró “habla por sí solo, no se puede arrogar la representación del movimiento obrero”. A su vez, aclaró que “forma parte de aquellos gremialistas que le han facilitado el ajuste al Gobierno”.
Por último, el dirigente de ATE rechazó la nueva amenaza del Gobierno de cesantear al 20% de la planta de jefatura de Gabinete de la Nación, lo que alcanza a 500 empleados. Eso se suma a “un recorte del presupuesto y es una decisión que vuelve a atentar contra la eficacia del Estado”, denunció, por cuanto «están desmantelando sectores esenciales para favorecer a lo más concentrado de la economía y el pago de la deuda externa», lo que «nos llevan a un estallido”.
