Las nuevas denuncias que comprometen al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, empezaron a llegar a Comodoro Py y no paran de brotar sorpresas.
Tres presentaciones apuntan al mecanismo de contratación de personal utilizado por la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a través de convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que se habría utilizado para pagarles a quienes no tenían designación oficial, para sobresueldos y para sacar una diferencia y cambiarla por dólares (o sea, para hacer caja política). Todo indica que esto último se habría concretado gracias a la facturación que entregaban, entre otros, un grupo de amigos/conocidos rugbiers del colegio La Salle de quien era el director administrativo de área, Federico Fernández. Son 18 las personas que aparecen en una lista con facturaciones de entre 600.000 y 1.400.000 pesos pero que no tenían funciones en la cartera. O sea, ñoquis.
Los convenios con la OEI –que existen desde hace tiempo– suelen estar destinados a proyectos en educación, cultura y ciencia, entre otros temas. Se trata de un organismo de cooperación multilateral que utiliza fondos del erario público argentino que, en este caso, habrían sido desviados de su finalidad. La secretaría de Niñez estuvo hasta la semana pasada a cargo de Pablo de La Torre, echado por decisión de la ministra Pettovello cuando el escándalo por la interrupción de entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios llegó a un punto insostenible. Fue a raíz de que se conoció que la cartera guardaba 5,9 millones de kilos de mercadería que debía ser entregada a organizaciones sociales y que había más de 399 mil kilos de leche en polvo que vence en julio y 40 kilos de arroz con hortalizas ya vencidos.
De la Torre tenía a su cargo la política de seguridad alimentaria. Su secretaría tenía un convenio con la OEI por el que le transfirió 6.772.500.000 pesos para distintos fines. Lleva como única firma la de Pettovello, como reveló Página/12.
El gobierno acusó públicamente al funcionario de no controlar y causarle un gran disgusto a Pettovello para explicar su expulsión. El propio Ministerio denunció a De la Torre ante la Oficina Anticorrupción (OA) y también lo hizo en Comodoro Py, exactamente con el mismo texto. Pero no lo responsabilizó por el problema de los alimentos sino por el uso de los convenios con la OEI. En tribunales la denuncia la hizo la directora de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, la misma que se había burlado en televisión por los miles de kilos de yerba acopiados y reclamados –junto con todos los alimentos– por el dirigente Juan Grabois (Argentina Humana). «¿Quiere hacer una mateada popular Grabois?», lanzó la funcionaria. En otra entrevista reconoció que en Capital Humano se pagaron sobresueldos y que hubo «manejos irregulares del dinero que recibían las personas que facturaban a la OEI».
Como informó este diario, los contratos para proyectos de trabajo con la OEI no son los únicos dudosos. También se delegó a ese organismo la licitación y compra de lentejas y aceite de girasol y se le pagó una comisión del 5%. De esa manera el procedimiento, que habitualmente hace personal del ministerio, elude controles locales.
De rugbiers y otros trucos
Dos semanas atrás, el portal Data Clave publicó una planilla en la que estaban los nombres de profesionales que le facturaban a la OEI por servicios para la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Estaba en un archivo en google drive de acceso abierto titulado «Plan 120 (FF)». Las siglas serían las de Federico Fernández, alias «Fefe», y los 120 se referirían a 120.000 dólares al año. Las personas que figuran allí son 18 y no tienen relación con las tarea de esa dependencia, según las denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py (especialistas de logística, en publicidad, en sistemas, bancarios y emprendedores inmobiliarios) y al menos un grupo serían los amigos de Rugby de «Fefe» del La Salle, como Gonzalo Avetrani, Vicente Ammann, Lautaro Alarcón y Santiago Anziano.
La famosa lista incluye algunas columnas llamativas que mencionan una «bolsa neta», una «cajita» y se desprende que hay un descuente entre un 10 y un 12 por ciento. Algo de esto parece quedar traducido o explicado en el descargo que Fernández hizo en un sumario interno de Capital Humano y que se convirtió en la base de las denuncias ante la OA y en tribunales. Habló, según la denuncia, después de que quedara salpicado por un informe televisivo. El hombre sigue en su cargo de director de administración pero está sumariado. Relató que el 24 de enero presenció una reunión de la que participaban funcionarios de Capital Humano y de la Secretaría de Niñez. Mencionó al ex secretario de coordinación Maximiliano Keczeli, a la jefa de gabinete de la secretaría Lucía Raskowsky y el exsubsecretario de administración, Agustín Sánchez Sorondo. Decía que Niñez pedía el nombramiento de unos 50 funcionarios que ya trabajaban allí. Agregaba que Keczeli decía que no se podía nombrar a nadie hasta que no hubiera organigrama y que Sánchez Sorondo sugirió los contratos de la OEI.
Como es evidente, el relato de Fernández volcado en la denuncia apuntaba a responsabilizar a sus colegas. La cuestión de la facturación a la OEI, explicó, tenía un tope de 1,3 millones de pesos, pero había sueldos superiores, de hasta 2,5 millones. Como sea, precisó que Keczeli dispuso avanzar con las contrataciones por tres meses. Y que no había un listado de personal confeccionado sino que él empezó a recibir «currículums de personas para contratar, que a su vez enviaba a la Dirección General de Proyectos Especiales para que allí estableciera el rango salarial». En el ínterin se habrían ido empleados y otros fueron finalmente designados. «A comienzos de marzo comenzaron a cobrarse los convenios OEI», refiere la denuncia. Aclara que ya no hay contratos OEI.
Un tramo muy llamativo es el que relata que «el dinero que cobraban algunos de los consultores, era cambiado a dólares estadounidenses a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios de hecho con bajas retribuciones. Por último, los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo de la Torre (ahora exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia) para saldar la del personal que nunca fue nombrado». Varias preguntas surgen aquí, que en la causa y la OA se debería investigar: ¿Los consultores eran sus conocidos? ¿Cómo se compraban los dólares en gran volumen si hay cepo? ¿Por qué dólares? ¿Para qué? Al final de la declaración, Fernández dejó llamativamente a Salvo a Pettovello. El acta dice: «Quiso dejar constancia que la Ministra Lic. Sandra Pettovello no estaba en conocimiento de esta situación irregular».
El club de rugby negó cualquier vinculación con el ministerio.
Dos denuncias más
Como es obvio la denuncia de Capital Humano, no dice más nada y pide que se investiguen delitos de acción pública. Le tocó al juez Federal Ariel Lijo. Al mismo juez le tocó una denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero, que apunta contra un grupo de funcionarios del ministerio y de Niñez, empezando por De la Torre, que estarían implicados en los contratos de trabajo de la OEI y su verdadero destino. Cita algunas publicaciones periodísticas, lo que incluye algunos nombres de quienes habrían facturado y que no trabajaban en la cartera.
La otra denuncia, que quedó asignada al juzgado de Sebastián Ramos, fue presentada por Alejandro Díaz Pascual, de la Asociación Civil «en formación» Arco Social, que apuntó directo a Pettovello, al De la Torre y al director de la OEI Luis María Scasso, también por las contrataciones «realizadas de manera irregular (…) con el fin de aparentar el empleo de alrededor de cien personas, quienes nunca prestaron funciones, con el fin de desviar dichos fondos al pago de sobresueldos y a la compra de dólares estadounidenses en el mercado ilegal, generando una inmensurable afectación de las arcas del Estado Argentino. En la misma presentación Díaz Pascual sugiere que se pudieron haber usado el mismo tipo de contratos en Educación. «Resulta llamativo que curiosamente María Inés Brogin Alba, en su carácter de Subsecretaria de Gestión Administrativa (de Educación), suspendió el pago de 300 contratos que el Estado realizó a través de la OEI, a partir de la difusión del escándalo previamente descripto».
Una audiencia clave
Este martes hay una audiencia clave en la Sala II de la Cámara Federal en la que se verán cara a cara representantes del área legal de Capital Humano (debería ir Leila Gianni) y Grabois, quien hizo en febrero la denuncia por la interrupción de la entrega de alimentos a los comedores populares. El ministerio apeló la orden del juez Sebastián Casanello de presentarle un plan para distribuir los 5,9 millones de kilos de alimentos que se encontraron en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo. Solo entregó un listado con fechas de ingreso, marcas y vencimiento. El argumento es que es un tema no judiciable. Grabois ya adelantó que cree que los jueces le darán la razón a la administración libertaria. Una audiencia es una oportunidad para exhibir argumentos.
El Gobierno anunció que por ahora solo repartirá lo que se está por vencer, es decir la leche en polvo y que para eso pidió ayuda a Conin, del antiderechos Abel Albino, y el ministerio de Defensa para hacer la distribución. Mientras tanto Casanello y la fiscala Paloma Ochoa analizan el resultado de las inspecciones en los galpones. En tribunales la próxima definición estará en manos de los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Iruruzun. Es posible que tomen una decisión expeditiva.
