En un país donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte, el sistema de salud argentino ha recibido un duro golpe con la decisión del Gobierno de Javier Milei de recortar funciones del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y desmantelar el Programa Nacional de Cuidados Paliativos.
Este programa, creado en 2016, era un pilar fundamental para garantizar la atención integral de pacientes con cáncer avanzado, especialmente en las provincias más vulnerables. La medida, que incluye la suspensión de la compra de opioides como morfina y metadona, así como el despido de gran parte del equipo especializado, ha generado una ola de indignación entre profesionales de la salud y familiares de pacientes que dependen de estos servicios esenciales.
El Programa Nacional de Cuidados Paliativos no solo se encargaba de proveer medicamentos esenciales para aliviar el dolor severo, sino que también formaba recursos humanos interdisciplinarios y ofrecía apoyo a equipos de atención en todo el país.
Según denuncias de profesionales como la doctora Mariana Pechenik, referente del programa, el recorte ha dejado al programa sin capacidad operativa, con solo dos de sus ocho integrantes originales. Esta reducción drástica pone en riesgo el acceso a cuidados paliativos, un derecho humano fundamental reconocido por la Organización Mundial de la Salud, afectando directamente la calidad de vida de miles de personas que enfrentan enfermedades terminales.
