En declaraciones a Napalm, por Radio Provincia AM1270, afirmó que en el juicio contra los autores materiales del intento de magnicidio de Cristina Fernández “se está juzgando lo obvio”, mientras que “lo más grave del caso es lo que no se investigó y no se está juzgando”. Describió que Sabag Montiel “es un psicópata criminal, que ratificó su intención de matar” en la primera jornada del proceso que se desarrolla en Comodoro Py, y ofreció “un esfuerzo por mejorar la situación de algunos compañeros de causa”.
Sin embargo, el ministro de Justicia y DD.HH. bonaerense criticó que no se investigó la declaración de la secretaria de Gerardo Milman, quien “declaró que fue citada a la sede de la fundación de Patricia Bullrich, donde un experto en informática borró durante más de 4 horas los teléfonos de ella, su compañera y el propio Milman”. Seguido, advirtió que ese informático “fue designado esta semana director de Tecnología de Información del ministerio de Seguridad de la Nación”, lo que demuestra “la gravedad de lo que estamos asistiendo respecto de encubrimientos y protección”. Juan Martín Mena dijo que el hecho de que jueces y fiscales lleven adelante una investigación de esta manera “es porque se sienten bien protegidos respecto de que no van a tener ninguna consecuencia” por estas omisiones.
Por otra parte, reprochó que “los teléfonos de Milman siguen sin examinarse” producto de la actuación de la magistrada del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 5, María Eugenia Capuchetti, quien mantiene el caso separado de “las investigaciones sobre el rol de estas pseudo agrupaciones como Revolución Federal y Nueva Centro Derecha, en una costumbre histórica de un sector de Comodoro Py de partir las causas en pedacitos para no hacer el análisis completo de la situación”. En ese marco, consideró que la actuación de la jueza “es escandalosa e irregular” porque “como abogado penalista nunca vi que 3 veces se tuvo que corregir la prueba”, como sucedió con los teléfonos del diputado del PRO, pese a que el juez Martínez de Giorgi «le tuvo que decir 3 veces que no puede rechazar la prueba que pide la víctima”. Por lo tanto, concluyó que Capuchetti “es parte de lo que se está protegiendo” y aclaró que “sin especular más sobre el contenido de esos teléfonos, de mínima están encubriendo un magnicidio”.
Luego de señalar que el macrismo “tomó por asalto el Consejo de la Magistratura”, argumentó que “Capuchetti hace lo que hace porque sabe que no hay quién revise sus tareas”, ya que “es inadmisible que sea jueza”. Existen “mantos de cobertura y blindaje que son complejos y amplios por partes de estamentos judiciales y sectores poderosos de medios de comunicación”.
Por eso, se permitió que “al otro día del atentado se destruyera el celular de Sabag Montiel estando en manos del Juzgado Federal 5 a cargo de Capuchetti. El sobre con el celular llegó abierto a la PSA”, por lo que “dentro del propio juzgado violaron la cadena de custodia. Esas son las primeras 24 horas de investigación de un atentado de magnicidio. En un país más o menos normal sería un escándalo y rodarían cabezas”.
“Otro de los capítulos inexplicable de esta investigación” es el vínculo de la familia Caputo con los integrantes de Revolución Federal. Recordó que está comprobado que Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, “recibió decenas de millones de pesos de Caputo Hnos.”, por trabajos de carpintería cuando no ejercía la profesión. El funcionario provincial planteó que “se citó a declarar al gerente de compras de Caputo Hnos. y testimonió que era la primera vez que lo corrían de un proyecto porque Roxana Caputo (quien contrato a Morel) no trabaja en la empresa y no pudo explicar por qué lo habían apartado. Todo eso no se investigó, cuando el último depósito que recibió Morel fue dos días antes del atentado”.
En tanto, destacó que “las vinculaciones de Bullrich, Macri y este gobierno (con el caso) son evidentes, están confesas y probadas pero hace falta darle una explicación a todo esto, y lo tiene que hacer la justicia Argentina”.
Por otra parte, Mena advirtió que “ya hay denuncias internacionales con todo esto y los abogados de Cristina van a seguir insistiendo en estas instancias”. Declaró que “hay denuncias en la Relatoría Especial de la ONU y en el Comité de DD.HH. de Naciones Unidas”, y reveló que “llegó al Consejo de la Magistratura una consulta del Comité y el Relator respecto de la situación de independencia judicial y la imparcialidad de la justicia frente a los poderes económicos en Argentina, fruto de todo lo que venimos denunciando”.
El abogado mencionó que la otra línea de investigación por la que “jamás avanzaron” es el de la vecina de Cristina Fernández, Ximena de Tezanos Pinto, quien “hacía ingresar a su departamento a personas que recibieron financiamiento y están siendo investigadas”.
Por último, evaluó que “todas las situaciones tienen que ser explicadas” porque si bien “nadie sabe qué pasó, eso es tarea de la justicia, pero la prueba que hay es altamente sospechosa de que acá falta muchísimo por investigar. Ese es el reclamo más importante y la estrategia del juzgado y la fiscalía es partir la investigación para no investigar nunca”.
